El último paraiso

La apocalíptica profecía de una economía rígidamente planificada y el traspaso progresivo de ésta a poder de los sindicatos, descrita por los ideólogos de la libertad de empresa, no se ha cumplido en Suecia. En el total del movimiento de acciones de la Bolsa de Estocolmo, la participación de los fondos no supera el 4%. Las empresas siguen siendo propiedad de sus antiguos propietarios. Se estima que unas 25 grandes empresas privadas controlan el 40% de la vida económica sueca.El objetivo era que los fondos contribuyeran a reducir los antagonismos existentes en la distribución de los ingresos y permitieran a los sindicatos participar en mejores condiciones en el mantenimiento de una rentabilidad elevada de la actividad económica mediante la ruptura del círculo vicioso según el cual a mayores beneficios correspondían fuertes aumentos salariales que presionaban la inflación y a debilitaban el crecimiento.

Hasta dónde los fondos ha cumplido sus propósitos originales es algo que está por verse. Lo que sí está comprobado es que han funcionado satisfactoriamente en cuanto a márgenes de rentabilidad y administración. También que no habrá ninguna ampliación de esta experiencia. Los fondos creados seguirán siempre y cuando no se produzca un cambio de Gobierno en las próximas elecciones, pues en una de las pocas cosas en que los partidos denominados "burgueses", conservadores, liberales y centristas están de acuerdo es que en caso de acceder al Gobierno desmantelarán los fondos existentes.

El Partido Socialdemócrata, impulsor del proyecto, había anunciado ya en 1987 que no se crearían más fondos de asalariados.

Los fondos fueran finalmente aprobados en el marco del sistema general de las pensiones en una histórica sesión del Parlamento en octubre de 1984. Se crearon cinco fondos independientes, emplazados en las cinco regiones del país, cuyo capital estuvo integrado por un impuesto a las ganancias por encima de determinado nivel de las grandes empresas, y por un impuesto a los salarios que pagarían las empresas.

Este proyecto fue un pálido reflejo del proyecto original que el congreso de la Central de Trabajadores (LO) había aprobado el año 1976, que preveía que, a largo plazo, más de la mitad del accionario de las empresas pudiera ser progresivamente transferido a los trabajadores.