La empresa SAVE continúa pagando de menos al Estado, a pesar de los procesamientos en curso

La empresa SAVE ha continuado pagando de menos al Estado después de la detención de Vicente Iborra -ex presidente de la empresa y de la patronal valenciana-, producida en noviembre de 1985, y de los consiguientes procesamientos de 24 personas relacionadas con el caso.

La Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) pagó de menos en los ejercicios de 1986, 1987, 1988 y 1989, si bien la cuantía total no fue precisada en la sesión del juicio celebrada ayer en Valencia. Iborra y Francisco Casañ, ex gerente de SAVE, están acusados de falsificación y apropiación indebida. En 1989, SAVE fue vendida a la firma Europarking, y esta empresa ha continuado la misma táctica. Casañ, que continúa como directivo con Europarking, confirmó este hecho ayer durante el juicio que se sigue en Valencia a las 24 personas inculpadas. El Fiscal cree que SAVE defraudó al Estado 760 millones de pesetas hasta 1985, alterando las recaudaciones que obtenía en los aparcamientos que explotaba en 11 aeropuertos españoles.

Francisco Casañ reiteró ante el tribunal que la falsificación de las recaudaciones tiene su origen en un pacto verbal con representantes del Estado. Según este pacto, que él mismo calificó de extraño, la empresa paga menos dinero al Estado para resarcirse del perjuicio que les causa que muchos vehículos aparquen en los aeropuer tos fuera de los recintos previstos para este fin.

En los ejercicios 1986, 1987, 1988 y 1989, SAVE ha seguido aplicando unilateralmente este supuesto pacto y ha pagado al Estado menos dinero del recaudado. La Administración ha venido respondiendo con la presentación de recursos que provocan nuevos pleitos judiciales en vía contencioso- administrativa.

La diferencia entre la actuación de SAVE y de Europarking respecto a la seguida antes de 1985 es que ahora no se falsifican las cintas de las cajas de los aparcamientos. Asimismo, cuando el Estado reclama la cantidad que falta de la liquidación, la empresa consigna judicialmente o presenta avales de estas cantidades.

Paradójicamente, los responsables de SAVE siempre han pagado a Hacienda sus impuestos de acuerdo con sus ingresos reales, mientras que las liquidaciones a Aeropuertos Nacionales eran por cantidades inferiores. Este hecho hizo descartar la posibilidad de acusar a los procesados de un delito contra la Hacienda Pública. El fiscal solicita para Iborra y Casañ sendas penas de nueve años de prisión. Para el resto de inculpados las penas solicitadas son menores.

Prueba de convicción

Por otra parte, el defensor de Casañ, Emilio Attard, insinuó que la detención de Iborra está relacionada con las críticas que Iborra, como presidente de la patronal valenciana, lanzó contra el Gobierno días antes de su apresamiento. Attard, en declaraciones a los periodistas, insistió mucho en que el origen de la investigación tuvo lugar en Barcelona, por parte de la policía.Este abogado puso en un aprieto al tribunal al indicar que la prueba de convicción de este caso, las cintas de caja de los aparcamientos presuntamente falsificadas, no estaban sobre la mesa del tribunal Tampoco, según Emilio Attard están aportadas al sumario. El letrado pidió que constara en acta esta circunstancia a efectos de posibles recursos de casación.

Los 24 procesados son directivos y trabajadores de SAVE, así como empleados del organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. Varios trabajadores de SAVE también prestaron declaración ayer en el denominado departamento de control de SAVE.

El trabajo de este departamento se efectuaba en el interior de un habitación oculta, donde existían máquina para falsificar las cintas de las cajas recaudadoras. Al interior dé esta habitación se accedía a través de un armario empotrado en el pasillo de la sede central de SAVE en Valencia. Casañ, al igual que anteayer hizo Iborra, explicó que el particular acceso a la habitación se debía a motivaciones de decoración.

La defensa de estos trabajadores de la empresa SAVE insiste en sus interorgatorios en que realizaban sus tareas por encargo, sin capacidad alguna de decisión. Los empleados de Aeropuertos Nacional están acusados por el fiscal de no efectuar las comprobaciones oportunas de las liquidaciones que presentaba SAVE para su aprobación.