Los Camp deberán devolver 1.700 millones a Benckiser por la venta de su empresa

La familia Camp tendrá que devolver 1.700 millones de pesetas a Benckiser por la venta de la empresa de detergentes que lleva su nombre, que se había fijado en 31.000 millones. El desembolso definitivo estaba pendiente de un proceso de arbitraje entre comprador y vendedor que ha terminado esta semana. Sobre la operación pesa aún el contencioso de la multinacional Procter & Gamble contra Camp y Benckiser por considerar que la compra ya se había acordado con ella.

El arbitraje, que comenzó a plantearse el pasado mes de febrero, ha sido dirigido por el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense, Bercovitz. La representación de Benckiser la ha tenido el despacho J & A Garrigues y la de la familia Camp el de Óscar Alzaga. Según las conclusiones, no se ha descubierto ningún agujero o actuación anormal y los 1.700 millones de pesetas que tiene que devolver la familia catalana responden a ajustes contables.Estos ajustes se refieren, básicamente, a provisiones de jubilaciones, provisiones de depreciación de activos inservibles, mayores amortizaciones de activos fijos, diferencias en contabilidad de activos en leasing y activación incorrecta de gastos de publicidad. El análisis de los libros de la empresa los han hecho las firmas auditoras Arthur Andersen, Peat & Marwick y Ernst & Young y los despachos de Leandro Cañibano y Fábregas y Mercader.

El planteamiento de arbitraje para fijar el precio definitivo de la compraventa suele ser normal en estos casos, según expertos en estas cuestiones. Sin embargo, la mayoría de las veces suele hacerse siempre antes de formalizarse entre las dos partes. En este caso, hay cuestiones específicas que llevaron a que la operación se hiciera de forma celérica que explican que se acordara hacer un arbitraje posterior.

La firma alemana realizó la compra de Camp cuando todo indicaba que la empresa de detergentes catalana iba a pasar a manos de la multinacional estadounidense Procter & Gamble, que había llevado las negociaciones a través de su filial española. P&G denunció entonces que los hermanos Camp habían roto el compromiso adquirido con ellos y que, según fuentes de la propia multinacional, había sido autorizada por la Dirección General de Transacciones Exteriores.

Demanda de Procter

Tras la primera denuncia, el juzgado de primera instancia de Barcelona exigió el depósito de las acciones, lo que imposibilitaba la transmisión de las acciones. Asimismo, P&G solicitó que se dictase nula la venta a Benckiser con el argumento de que se había actuado de mala fe. Sin embargo, en octubre se decidió levantar el depósito de las acciones lo que permitía la transacción. Posteriormente, en febrero, el mismo juzgado dispuso que no admitía las medidas cautelares pedidas sobre mala fe y doble venta.El caso, no obstante, está sin resolver. Si se resuelve a favor de P&G, ésta podrá reclamar la titularidad de las acciones de Camp o exigir indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, el precedente de aquella resolución deja pocas esperanzas.