La guerrilla y los partidos guatemaltecos negocian la paz en Madrid

Guatemala, tierra de labranza de la United Fruit Company en la década de los cincuenta y señorío de dictadores cafetaleros durante varias generaciones, reflexiona hoy en Madrid sobre su monumental tragedia. Una agrupación guerrillera, nueve partidos políticos y una comisión nacional mediadora analizarán, sobre las tumbas de 100.000 víctimas, las causas y posibles salidas de una guerra civil, bárbara y perdida, que estraga el país desde hace 30 años.

"Si conseguimos establecer un calendario para que la guerrilla y el Gobierno negocien directamente los grandes problemas pendientes, entre ellos una mayor justicia social, una modificación de las estructuras del Estado y la incorporación política de los alzados, con garantías, habremos dado un gran paso", comentó a EL PAÍS uno de 27 participantes en unas conversaciones, de tres días y sin agenda previa, que han sido respaldadas por el presidente Vinicio Cerezo y la administración norteamericana. El hacendado Mario Sandoval Alarcón, secretario general del Movimiento de Liberación Nacional y figura histórica dentro del pensamiento conservador guatemalteco, y el comandante Gaspar, nombre de guerra de Rodrigo Asturias, hijo del Premio Nobel de Literatura, comparten, por primera vez, mesa y un diálogo de esperanza.El respetado obispo Rodrigo Quezada Toruño, arzobispo de Guatemala y presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación, instancia creada por Esquipulas II, actuará como mediador en una reunión que fue acordada en Oslo, el pasado mes de marzo, por la propia Comisión, integrada por un delegado de los partidos y ciudadanos notables, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatelmalteca (URNG), formada por dirigentes de las cuatro organizaciones en armas existentes en el país.

La URNG, estrechamente vinculada con Cuba, con esquemas políticos poco flexibles y difusos, y unos 1.500 combatientes, nació el 9 de febrero de 1982 con reclamaciones radicales de depuración del estamento castrense y procesamiento de la oficialidad implicada en graves violaciones de los derechos humanos. Su aparición coincidió con el golpe que llevó al Gobierno y a la brutalidad como gestión al general Ríos Montt, predicador de la Iglesia del Verbo, en sustitución de Romeo Lucas, compañero de armas, grado y torpeza.

El movimiento guerrillero, que llegó a contar con más de 10.000 efectivos, acusó en los años 80 los efectos de una larga e inmisericorde guerra contrainsurgente. El Ejército, con la actuación paralela de patrullas civiles y grupos paramilitares, consiguió debilitar su base social, esencialmente rural e indígena, y reducir, aunque no eliminar, una capacidad de fuego que los rebeldes parecen haber recuperado lo suficiente como para forzar una negociación.

Un nuevo marco jurídico

El objetivo principal de las conversaciones de Madrid, sede también de los fracasados contactos de 1987, no es tanto conseguir un compromiso inmediato de alto el fuego en Guatemala, uno de los países más pobres de América Latina, o la participación de la guerrilla en los comicios de noviembre, como superar afrentas y avanzar en la redacción de un marco jurídico integrador.Catalina Soberanis, secretaria adjunta de la Democracia Cristiana en el poder, Mario Solórzano, secretario general del Partido Socialista Democrático, y el resto de los dirigentes políticos parlamentarios coinciden en el agotamiento de la fórmula armada en Centroamérica y en la necesidad de adelantar en la capital española alguna iniciativa parlamentarias.

En Guatemala, el generalato rancio y aquellos finqueros y latifundistas que apoyaron la política de tierra arrasada e institucionalizaron la asonada militar como alternancia de Gobierno, siguen recelosos la reunión de Madrid.

También lo hacen, con esperanza, el sector del Ejército que permitió la apertura democrática de Cerezo y un empresariado convencido de que la calma social beneficiará sus intereses y posibilitará nuevas inversiones.