El acuerdo con el delincuente sobre delito y pena, avalado por fiscales progresistas

El Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que hoy se clausura en San Sebastián, ha expresado su conformidad con el llamado principio de consenso, que introduce en el Derecho procesal penal español una práctica procedente del Derecho anglosajón: la posibilidad de que en los delitos menores -hasta seis años de cárcel- el delincuente, asistido por su abogado, se ponga de acuerdo sobre los hechos cometidos y la pena aplicable, con lo que la sentencia del juez se limitará a reproducir ese acuerdo. La UPF aprobará hoy otras propuestas, entre ellas la de que se despenalice absolutamente el aborto cometido durante las 13 primeras semanas de gestación.El principio de consenso, introducido por la reforma Múgica y todavía muy poco aplicado, ha sido rechazado por juristas progresistas, varios de ellos de Jueces para la Democracia, por entender que en aras de agilizar la justicia, se sustituye la actividad judicial por un pacto, sobre "el precio del delito", en el que el fiscal está en superioridad de condiciones sobre el delincuente y puede producirse una injerencia del Gobierno, que es quien nombra al fiscal general del Estado.

En 24 horas

Los asistentes al congreso de la UPF debatieron estas objeciones y llegaron a la conclusión de que la práctica del acuerdo con el delincuente; realizado en los casos autorizados por cada junta de fiscales, es un "instrumento válido de trabajo, que permite realizar juicios 24 horas después de cometerse el delito y acelerar la administración de justicia", en palabras de Luis Bardají, ponente de este tema.En la jornada de ayer se aprobó también la creación de una comisión que aporte ideas al grupo que elabora un borrador del nuevo Código Penal. Igualmente se acordó que para la defensa del interés social, los fiscales no se atengan sólo a los criterios del Gobierno, sino también a los de los grupos sociales afectados, como sindicatos y asociaciones de vecinos .

La propuesta de Alfonso Aya de que, hasta que exista una normativa los fiscales se abstengan de acusar a quienes objeten por razones de conciencia el servicio militar suscitó una amplia polémica.