Progresividad contra fraude
, El mayor peso de los impuestos indirectos que, previsiblemente, resultará de la reforma fiscal es uno de los aspectos que cuenta con mayor oposición por parte de las fuerzas sociales. En UGT destacan que las rentas más bajas son las que tienen menor capacidad de ahorro, por lo que al consumir la mayor parte de su renta no pueden escapar de la mayor presión fiscal que supondrá la subida del IVA por la armonización fiscal con la CE. Comisiones Obreras apoya esta tesis al afirmar que están "a favor de un mayor peso de los impuestos directos". Las centrales recuerdan que "un índice de progresividad global es que los impuestos indirectos superen en recaudación a los directos", con lo que la armonización puede suponer un deterioro de esa progresividad.
El fraude fiscal es uno de los principales frenos a la efectividad real del impuesto sobre la renta, desde el punto de vista de las centrales. Así, mientras que la CEOE considera que la reforma fiscal sería un método para evitar la abundancia de dinero negro, ya que "el actual juego del ratón y el gato con el dinero negro provoca colocaciones indeseadas", UGT defiende que se refuercen los medios con que cuenta Hacienda para reforzar la lucha contra el fraude. "El fraude, al estar concentrado en las rentas no salariales, supone, de hecho, una ruptura en la progresividad del impuesto", aseguran en Comisiones Obreras.
La conveniencia de acentuar la progresividad del sistema fiscal tampoco es, precisamente, un punto de acuerdo. Así, mientras que para la CEOE convendría reducir el tipo marginal del IRPF, para las centrales es en las rentas más bajas donde se observa una "mayor verticalidad de la tarifa".
Con todo, hay un punto que comparten empresarios y trabajadores, pero que ha contado con la más acérrima oposición del Gobierno: el ajuste automático de la tarifa y la tabla de retenciones a la inflación. El Gobierno lleva varios años utilizando el ajuste de tarifa y retenciones como medida de política fiscal.
