Admitido un recurso de amparo a los acusados del 'caso de la construcción'

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por los defensores del alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, y del primero y segundo tenientes de alcalde de la localidad, acusados en el caso de la constitución, en el que demandan la nulidad de los autos de apertura del juicio oral. La celebración del juicio, en el que figuran acusadas hasta 12 personas, podría sufrir un notable retraso si el Tribunal Constitucional decidiese la suspensión cautelar del procedimiento, solicitada por los abogados de la defensa.

El recurso, presentado por los abogados José María Stampa Braun, Gonzalo Rodríguez Mourullo y Luis Rodríguez Ramos, pide la nulidad de los autos del juzgado de Instrucción número 2 de Burgos y de la Audiencia Provincial sobre la apertura del juicio oral contra José María Peña, tres concejales de su grupo, el anterior secretario municipal, un notario, el gerente de Inmobiliaria Río Vena y el ex delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, entre otros.Los acusados tendrán que comparecer a juicio para responder de los delitos de estafa, prevaricación y falsedad que les imputa la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción (FPEC), así como dos asociaciones de vecinos y otros dos sindicatos que ejercen la acción popular. La próxima semana, posiblemente, la Audiencia de Burgos proceda a dar a las defensas traslado del expediente.

La apertura de juicio oral contra la mayor parte de los encausados fue decidida el pasado mes de septiembre por el juez Luis Adolfo Mallo, que en febrero de 1988 abrió diligencias previas por presuntas irregularidades urbanísticas denunciadas por la FPEC y que han concluido en un expediente de más de 15.000 folios.

Indefensión

En el recurso de amparo se alega que el procedimiento abrevíado que contempla la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como la ley Múgica, y que ha sido aplicada en este caso, permite la apertura de juicio oral a instancias del ministerio fiscal y de la acusación particular, sin audiencia a los acusados. Entienden que ello conculca derechos constitucionales como el de defensa o el derecho a un proceso con todas las garantías legales y deja a los acusados en una situación de indefensión.Gonzalo Martínez Fresneda, letrado de la Federación de Empresarios de la Construcción, dijo ayer que la admisión a trámite del recurso de amparo no supone que se vaya a paralizar el procedimiento que se sigue en la Audiencia Provincial de Burgos y mostró su confianza en que el Tribunal Constitucional no decida la suspensión cautelar de las actuaciones realizadas hasta ahora.Según este abogado, la presentación del recurso es una más de las maniobras dilatorias de los acusados. Martínez Fresneda apuntó la contradicción en que, a su juicio, están cayendo los abogados de varios de los acusados, que en otros procesos están actuando según la ley Múgica sin que en esos casos hayan recurrido al Constitucional.