Ruiz Gallardon niega que Fraga y Aznar conocieran los intentos de dirigentes del PP de cobrar comisiones

El informe de Alberto Ruiz Gallardón acerca de la investigación que ha realizado en el Partido Popular sobre el caso Naseiro exculpa a José María Aznar y Manuel Fraga, presidente nacional y presidente fundador, respectivamente, de las iniciativas de los ex tesoreros Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis y del concejal Salvador Palop para cobrar comisiones para el partido a empresas adjudicatarias de obras municipales. La junta directiva del PP -máximo órgano del partido entre congresos-, que aprobó ayer por unanimidad el informe, acordó posponer posibles medidas disciplinarias hasta que el Tribunal Supremo dicte una resolución sobre el caso Naseiro.

Ruiz Gallardón destaca entre sus conclusiones políticas que el ex vicesecretario general Arturo Moreno y el concejal Salvador Palop promovieron una corriente organizada en el seno del partido, con la aspiración de ocupar importantes parcelas de poder, entre ellas la tesorería del PP en Valencia. Palop y Moreno, que planearon "una progresiva ocupación de cargos", pretendían aglutinar a varios militantes y dirigentes del PP socios del Grupo Futuro Financiero, sociedad dedicada a inversiones en bolsa. El autor de la investigación sostiene que dicha sociedad no ha sido utilizada para financiar al PP, si bien reconoce que los socios de este grupo -que son también dirigentes o militantes populares, como son Salvador Palop, Arturo Moreno y el diputado por Valladolid Miguel Angel Cortés- formaron una "comunidad de intereses".Ruiz Gallardón, no obstante, ha evitado formular acusaciones contra ellos con el argumento de que "no consta" que accedieran a formar una corriente organizada. De este modo, Aznar consigue que Carlos Aragonés pueda continuar, al menos por el momento, como secretario de Estudios y Programas; Miguel Ángel Cortés corno parlamentario y Guillermo Gortázar, también citado por Arturo Moreno en cuanto a su afinidad con "el "grupo", como secretario de Formación.

Ruiz Gallardón, fiscal en excedencia, reconoce que ha percibido indicios de responsabilidad política en el comportamiento de Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro, Salvador Palop y Arturo Moreno, por lo que recomendó el envío de los resultados de su investigación al comité de disciplina Pero, a la vez, exige que no sea abierto ningún expediente hasta que el Tribunal Supremo dicte una sentencia en firme.

Responsabilidad política

A juicio de Ruiz Gallardón, Palop y S anchis han podido incurrir en una falta grave al atribuirse competencias que nadie les ha otorgado para captar fondos para el partido, y Arturo Moreno por promover una corriente organizada. Una falta grave puede ser castigada, según los estatutos del PP, con la expulsión del partido o la inhabilitación durante cuatro años para cargos públicos u orgánicos.

En el caso de Naseiro, considera que ha podido cometer una falta grave o leve, según estime el comité de disciplina, por haber actuado en contradicción con directrices del partido o de forma negligente en el ejercicio de su cargo de tesorero. La falta leve puede ser sancionada con un mero apercibimieinto o la suspensión de militancia por un año. Ruiz Gallardón defiende que Naseiro -amigo y defendido de Manuel Fraga- intervino siempre a instancias de Palop, al cual conoció por mediación de Arturo Moreno.

Ruiz Gallardón subraya reiteradamente que "en ningún caso llegan a concretarse o consumarse" las iniciativas para obtener dinero de las empresas constructoras beneficiarias de la adjudicación de obras municipales.

Tras analizar la contabilidad del partido, señala que el PP recibió donativos por importe de 20.134.127 pesetas, desde junio a diciembre de 1989, sí bien no proceden de ninguna de las empresas citadas en las conversaciones de Palop y Sanchis.

Ruíz Gallardón reconoce que no pueden ser aceptado desde el punto de vista ético los propósitos de solicitar dinero a empresas beneficiarias de obras municipales. A este respecto, y por iniciativa propia, presentó ayer 29 normas de conducta ética destinadas a formar un código deontológico de los dirigentes y cargos públicos del PP.

Entre esas propuestas figura la de que el propio PP obligue a que quienes ocupen cargos públicos o en el partido declaren a la organización sus bienes, actividades e intereses que sirva para detectar presuntas irregularidades o aprovechamientos ilegitimos. Asimismo, solicita "procedimientos extraordinarios de control efectivo del uso de fondos reservados".

El informe dió lugar a un largo debate en la Junta directiva nacional en el que participaron más de una docena de dirigentes, entre ellos Martin Villa, Marcelino Oreja, Federico Trillo y Juan Ramón Calero. El ex presidente de AP Antonio Hernández Mancha se limitó a proponer que el PP se persone en las actuaciones judiciales como "parte ofendida". Fraga no asistió a la reunión.