Pacto de silencio sobre la nueva propuesta del Gobierno para el control de la contratación
El Gobierno y las direcciones de los sindicatos UGT y CC OO establecieron ayer un pacto de silencio sobre la nueva propuesta del Ejecutivo en torno al control de la contratación. El objetivo de las dos partes era evitar valoraciones precipitadas para no poner en peligro las posibilidades que aún existen de llegar a un acuerdo. Los interlocutores sociales mantuvieron a lo largo de la jornada de ayer numerosos contactos telefónicos y un breve encuentro para ir limando discrepancias antes de fijar una reunión oficial que, previsiblemente, se celebrará hoy mismo.
El Ministerio de Trabajo envió a última hora de la mañana de ayer a las sedes de UGT y CC OO los nuevos textos que el Gobierno propone para desarrollar normativamente el control de la contratación y las medidas de colaboración de los sindicatos con la Inspección de Trabajo. Con los borradores, el titular de Trabajo, Luis Martínez Noval, adjuntaba una carta en la que pedía a los dirigentes sindicales que no hicieran valoraciones públicas precipitadas ya que se trataba de borradores no definitivos.Esa petición fue ratificada por el ministro en declaraciones a la Prensa realizadas en el Congreso de los Diputados. Allí Martínez Noval afirmó que había remitido los nuevos textos y que esperaba que, si vuelven a surgir discrepancias, los sindicatos no las hagan públicas. Su criterio es que las centrales deben reflexionar sobre los documentos y posteriormente enviar las observaciones que tengan que hacer.
Los sindicatos han aceptado esas reglas de juego, argumentando que "nos jugamos algo muy serio" y, nada más recibir los documentos, convocaron una reunión conjunta de las dos ejecutivas para estudiar detenidamente las propuestas del Gobierno.
Aunque ni el Ministerio de Trabajo ni las centrales facilitaron los nuevos textos, las discrepancias no se han superado y las dos partes interpretan de manera diferente cómo se aplica e interpreta la literalidad de los pactos alcanzados el 31 de diciembre. La dificultad mayor radica en el ámbito de aplicación del control de los contratos y, en consecuencia, qué tipo de contratos quedan sujetos. Tampoco ha quedado resuelto el contenido de la copia básica que se debe entregar a los representantes de los trabajadores.
Ayer mismo, sindicatos y Gobierno se pusieron en contacto para intentar buscar una solución urgente y satisfactoria y, en numerosos contactos telefónicos, las centrales expusieron a los responsables de Trabajo nuevas propuestas alternativas para que no se aplique con carácter restrictivo la alusión que se hace en los acuerdos de enero a los artículos 64.1 y 15.4 del Estatuto de los Trabajadores. El criterio de las centrales es que se aplique como un desarrollo del derecho de información de los representantes de los trabajadores que esa norma consagra.
Una solución que podría satisfacer a los sindicatos consiste en recoger en el futuro proyecto de ley que los empresarios deben entregar la copia básica de todos los contratos que deben celebrarse por escrito en virtud de obligación legal, reglamentaria o derivada de convenio colectivo.
En cuanto a los datos que debe contener la copia básica del contrato, las centrales persiguen que sean todos aquellos que no lesionen el derecho a la intimidad del trabajador y que, al mismo tiempo, no abran la posibilidad de que la patronal CEOE interponga un recurso de inconstitucionalidad.
