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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Incompetencia

IZQUIERDA UNIDA planteará al ministro de Defensa una pregunta parlamentaria en relación con la circular remitida la víspera de la huelga general de diciembre de 1988 a todos los mandos a sus órdenes por el general José Cassinello, gobernador militar de Córdoba y general de la Brigada de Infantería Mecanizada número 21 de Cerro Muriano, con base en esa ciudad. En dicha circular, que fue retirada por orden del capitán general de la Región Militar Sur, se contemplaba la necesidad de disparar contra eventuales piquetes de huelguistas caso de que éstos impidieran el paso de los oficiales hacia sus destinos habituales. El ministro de Defensa está obligado a dar cumplidas explicaciones sobre ese hecho, y en particular sobre el motivo de que, 17 meses después de ocurrido, el general Cassinello siga ocupando el mismo cargo, con mando sobre tropa.La circular, cuya existencia ha sido revelada por el diario Ya, se refiere al "transporte de mandos" entre sus domicilios y la sede de la Brigada. El escrito plantea una serie de actuaciones escalonadas para el supuesto de que, "con motivo de los actos que previsiblemente se desarrollarán" en la ciudad a causa de la convocatoria de huelga, piquetes de huelguistas intercepten el paso de los militares. Si hubiera respuesta negativa a las actuaciones previstas en primer lugar -advertir que, como militar, está al margen de la política; pedir paso con ademán decidido y el arma en la mano; disparar al aire-, el mando "usará el arma a puntos no vitales (piernas)".

Bajo el epígrafe "extralimitaciones en el ejercicio del mando", el Código de Justicia Militar contempla el supuesto de "el militar que en el ejercicio de sus funciones emplease u ordenase ejecutar contra cualquier persona violencias innecesarias" o bien "ordenase, permitiese o hiciese uso ilícito de las armas". En ambos casos la pena prevista es de cuatro meses a cuatro años de prisión. Si el capitán general ordenó la anulación de la circular y la retirada de todas las copias distribuidas fue porque la consideró improcedente. Ciertamente lo era, además de imprudente desde cualquier punto de vista. No se entiende entonces que ninguna sanción se haya seguido del conocimiento del hecho por parte de sus superiores, los cuales ni siquiera ordenaron una investigación.

La prudente política de reforma a paso de tortuga seguida por Serra en Defensa, orientada a evitar reacciones de descontento entre los militares profesionales, ha tenido como contrapartida necesaria la enérgica actuación ante hechos concretos relacionados con la disciplina (en declaraciones a la prensa, por ejemplo). Tal vez haya llegado el momento de considerar que la incompetencia que revelan actuaciones tan desproporcionadas e imprudentes como la reseñada sea también merecedora de alguna sanción. Porque, por lo demás, la idea que sobre la disciplina militar tiene el general José Cassinello tuvo ocasión de manifestarse hace un año. Sancionó con 14 días de arresto a un cabo acusado de no haber guardado la debida compostura mientras era abofeteado por un oficial. El oficial fue sancionado con ocho días de arresto, seis menos que el abofeteado.

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