De vuelta a casa

El proceso de reprivatización de la banca mexicana, mayoritariamente bien acogido en este país, se enfrenta ahora a su momento más difícil: la captación de los capitales necesarios para adquirir las entidades que saldrán a la venta, así como para reactivar una economía que, pese a todas las reformas acometidas hasta ahora, sigue adoleciendo de falta de financiación.

El presidente mexicano, Carlos Salinas, dicho en otras palabras, ha dado el arriesgado paso político de privar al Estado del control de los 18 bancos que funcionan en la actualidad, pero falta ahora por saber de dónde saldrán los cerca de 6.500 millones de dólares que, de acuerdo a los cálculos, son necesarios para absorber las acciones que se pretende poner en manos de particulares.Los expertos coinciden en que eso no va a ser fácil y en que va a requerir un largo y complicado procedimiento en el que será necesario combinar una legislación muy flexible en materia fiscal con un clima general de confianza para el inversor.

La medida de reprivatización de la banca está orientada fundamentalmente, a juicio de los analistas mexicanos, a atraer el capital que había huido de México antes y, sobre todo, después de la nacionalización decidida en septiembre 1982 por el entonces presidente mexicano, José López Portillo.

La cifra del capital de mexicanos depositado en el exterior oscila, según fuentes internas y externas, entre los 20.000 millones de dólares y los 80.000 millones Un cálculo realista indica que, al menos, 40.000 millones de dólares, principalmente depositados en Estados Unidos, salieron del país en la última década.

El Gobierno se conforma con que la decisión del presidente Salinas, pendiente todavía de la ratificación parlamentaria, consiga atraer al país al menos un 15% del dinero depositado en el exterior, lo que supondría para la economía mexicana una inyección de capital similar al que permitió el acuerdo sobre la deuda externa suscrito este año.

Aparentemente todo está por hacer en ese terreno. Carlos Salinas tiene, sin embargo, urgencias económicas y políticas, por poder poner en marcha las promesas de solidaridad social que ha predicado y a las que está obligado de cara a los próximos compromisos electorales.

Poner precio

En primer lugar, se trata de poner precio a los bancos a la venta. El problema se circunscribe, prácticamente, a los tres grandes bancos del país que, según fuentes de la bolsa tienen un valor aproximado -calculando el 100% de sus acciones- de más de 4.000 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el Estado pretende quedarse con una parte de las acciones, la cantidad que se obtendría por su venta sería, obviamente, algo inferior.Los expertos consideran que el valor real de las acciones bancarias sólo podrá saberse con exactitud cuando se conozca la legislación adecuada para su venta y se inicie el proceso de negociación correspondiente.

No se descarta la posibilidad de que, ante la falta de interés por parte del capital privado -que podría preferir, por ejemplo, abrir nuevos bancos o mantener operaciones a través de las rentables casas de cambio- el Estado tenga que seguir por algún tiempo controlando las principales entidades financieras. Para el ahorrador privado, principalmente el mediano y pequeño, uno de los principales alicientes de la decisión gubernamental es la posibilidad, todavía no contemplada en la propuesta enviada por Salinas al Parlamento, de que se puedan abrir cuentas en dólares en bancos nacionales. Para el Gobierno esta posibilidad, que indudablemente animaría la repatriación de capitales, supone el riesgo de no poder responder adecuadamente al ahorrador en el caso de una nueva crisis económica que obligue a un control de las divisas.

El panorama, por tanto, es todavía incierto para la plena normalización de un sistema bancario mixto o mayoritariamente privado.

Aunque funcionarios gubernamentales han manifestado su oposición a que, como ocurría antes de 1982, el capital bancario quede en manos de unas pocas familias, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ha advertido que "es deseable la democratización, pero hay que tener cuidado de que exista un grupo visible, responsable y honesto que encabece la administración de las sociedades nacionales de crédito".

Las autoridades buscan la forma de decir a los grandes inversores mexicanos que es hora de poner su dinero a trabajar, con garantías y con confianza. Algunos analistas y, sobre todo, los partidos políticos de izquierda temen que, finalmente, los bancos acaben de nuevo en las manos de quienes los tenían antes de 1982 y a los que se tildó entonces de estafadores y vende-patrias por su demostrada tendencia a evadir sus capitales.

Muchos de esos antiguos propietarios controlan ahora industrias y casas de bolsa y, aunque han aplaudido la decisión del presidente, no han dado hasta el momento pasos que permitan predecir que volverán rápidamente a los despachos que dejaron hace ocho años. Pero, si no es de ellos, ¿de dónde va a salir el dinero necesario para adquirir los activos de unas entidades caras en un país donde, además de los bancos, están a la venta la minería, los teléfonos y una docena más de empresas importantes en distintos sectores? De la respuesta puede depender buena parte de la revolución económica emprendida por Salinas.

La decisión de nacionalizar la banca sirvió para borrar el mal sabor de boca de la crisis, y para que la opinión pública pudiese fácilmente cargar sobre un grupo de banqueros de dudosa honradez el peso de un desastre económico del que el Gobierno es el principal responsable.

La nacionalización pretendía, en buena lógica, acabar con la huida de capitales y detener el poder de unas cuentas familias de banqueros que, aparentemente, controlaban el poder económico -y el político- del país.

Sin embargo, la banca en manos del Estado no ha servido para satisfacer los objetivos que llevaron a su nacionalización: aumentar su actividad en beneficio de la justicia social. La desigualdad tampoco se ha superado en ocho años de banca estatal, ni se ha conseguido atraer el capital huído con la medida.