Una comisión vigilará desde mañana los convenios que zanjaron la 'guerra del gas'
La comisión de seguimiento de los programas de inspección de las instalaciones de los usuarios del gas se reunirá por primera vez mañana. Esta comisión, -formada por representantes de la Comunidad, ayuntamientos, consumidores, vecinos, Gas Madrid y empresas suministradoras-, vigilará el cumplimiento y la eficacia de los convenios que pusieron fin a la guerra del gas, entablada entre la empresa suministradora y los usuarios por los numerosos cortes de fluido que se producían tras las inspecciones de las conducciones.Esta comisión tiene como objetivos conocer los planes de inspección y proponer medidas para mejorar su efectividad. La creación de esta mesa de seguimiento viene precedida de la constitución de una oficina para gestionar los 265 millones de pesetas del fondo de ayuda para financiar la reparación las averías que aparezcan en las instalaciones de usuarios con pocos recursos.
Esta es la segunda comisión que se crea para vigilar el cumplimiento de los convenios firmados. La primera, formada en enero pasado, funciona como plataforma permenente de negociación para solucionar los problemas que puedan surgir entre usuarios y empresa suministradora. Fruto de las negociaciones de esta comisión se alcanzó el acuerdo de crear el fondo de ayuda para la reparación de instalaciones, al que Gas Madrid ha aportado 190 millones de pesetas mientras que la Comunidad tiene comprometida la entrega de 75 millones más.
Los convenios cuyo cumplimiento vigilará a partir de hoy la nueva comisión fueron firmados el 3 de enero de 1990. Estos acuerdos recogen un baremo a aplicar en la concesión de las ayudas del fondo, según los ingresos de las familias afectadas, y una limitación de la duración de los cortes de gas que puedan producirse tras las inspecciones.
La guerra del gas comenzó en 1988 cuando Gas Madrid inició una campaña de inspecciones durante la cual se detectaron numerosas averías en las conducciones domésticas que originaban prolongados cortes de suministro. La reparación de estos fallos tenía que ser sufragada por los usuarios, por lo que asociaciones de vecinos y de consumidores consideraron que la compañía pretendía hacer correr a los abonados con los costes de reconversión de la red para la sustitución del gas ciudad por gas natural. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos llegó a pedir a los ciudadanos que cerraran las puertas de sus casas a los inspectores de Gas Madrid.
