Manglano investigó el 'caso Naseiro' porque estaba de guardia al producirse los indicios de cohecho

José Luis Calvo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), declaró ayer a EL PAN sobre las recientes acusaciones al magistrado Luis Manglano de supuestas; torturas o coacciones; a un detenido en el caso Naseiro: "Aun dentro de la más absoluta libertad de crítica, tales imputaciones públicas exigen una base de la que, a mi juicio, han carecido". En cuanto al supuesto incumplimiento de las normas de reparto entre juzgados, en el sumario figura que Manglano estaba de guardia cuando la policía puso en su conocimiento unas escuchas telefónicas ordenadas por otro juez que apuntaban a un supuesto cohecho.

Fuentes jurídicas conocedoras del sumario cuyo secreto fue levantado ayer explicaron a este periódico la mecánica procesal que condujo al juez Manglano a hacerse cargo del caso Naseiro. Todo empezó el 28 de noviembre de 1989, fecha en la, que la policía pidió a un juez de instrucción distinto a Manglano la autorización para una intervención telefónica durante un mes en la investigacíón de un asunto de tráfico de droga. Concluído el mes de la investigación, la policía remitió el atestado al juez de guardia, con la indicación de que la írivestigación sobre drogas había sido negativa, pero que en los dos días últimos las escuchas telefónicas habían permitido detectar indicios de cohecho.Ese día, 28 de diciembre de 1989, el juez de guardia era el titular del juzgado de instrucción número 2 de Valencia Luis Manglano, y en esa misma fecha se puso en marcha la llamada reforma Múgica, con arreglo a la cual algunos juzgados de instrucción pierden jurisdicción. Éste es el caso del juzgado que había autorizado la intervención telefónica para un caso de drogas.

Indicios 48 horas antes

Ante el resultado negativo de la investigación sobre tráfico de drogas, el juez Manglano remitió el atestado al juzgado al que correspondió conservar el archivo del juzgado que autorizó la escucha, y dio cuenta de su resultado negativo. En cuanto a los indicios de cohecho detectados, por haberse producido en las 48 horas anteriores a su guardia, el juez Manglano asumió la competencia, de acuerdo con las normas de reparto que rigen en Valencia. Posteriormente, ya desde su juzgado, ordenó nuevas escuchas para consolidar los indicios.

Por lo que se refiere a la declaración realizada ayer por el portavoz del CGPJ tras la reunión del pleno sobre las acusaciones contra el juez Manglano, Calvo informó que el Consejo no adoptó ningún pronunciamiento formal sobre la materia, tras el acordado el 18 de abril último. El portavoz del órgano de gobierno del poder judicial señaló que el CGPJ mantiene el acuerdo mayoritario adoptado en aquella fecha frente a las denuncias formuladas por el Partido Popular (PP) contra el juez Manglano. El Consejo estimó que la actuación del magistrado se realizó "dentro del ámbito de su función jurisdiccional, en ejercicio de las facultades que le atribuye y en cumplimiento de los deberes que le impone la legalidad vigente".

En apoyo de la actuación procesal del juez Manglano, el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos de la Vega Benayas, que en su día firmó un voto particular contrario al artículo 527 de la ley de Enjuiciamiento Criminal -aplicado en el caso Naseiro para la incomunicación de varios implicados-, declaró a este periódico que su discrepancia con el precepto legal no puede extenderse a quien la aplicó. En concreto, De la Vega aseguró que Ia actuación del juez Manglano fue correcta", y añadió este comentario: "No hay que criticar según nos convenga".

Jubilación de Forteza

El pleno del CGPJ adoptó ayer un acuerdo en relación con otro magistrado de origen valenciano: Guillermo Forteza. El Consejo confirmó la jubilación forzosa del juez Forteza, de 33 años, por "incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones". El acuerdo definitivo sobre este asunto se produjo al desestimar el Consejo el recurso planteado por Forteza contra el acuerdo del 30 de noviembre último, que resolvió el expediente de incapacidad contra dicho magistrado, quien en los últimos años organizó redadas masivas de prostitutas en Valencia y Madrid y fue condenado por "coacción y vejación injusta" a su esposa.

El acuerdo inicial del pleno del CGPJ, adoptado por unanimidad, se fundamenta en sendos informes suscritos por dos médicos forenses y por un tribunal médico, coincidentes en que Forteza "sufre un trastorno de su personalidad que le hace incapaz para continuar desempeñando funciones judiciales".