Proyecto y pacto
Tras todo lo dicho, sería de interés poner en práctica un sencillo experimento: preguntar a los madrileños si se les alcanza que Madrid cuente con algún tipo de proyecto de futuro, una estrategia coherente con la que pertrecharse para afrontar los retos de esta década preñada de cambios. Sin ningún riesgo de error puede avanzarse el desconcierto del público. Como mucho, alguien bien informado recordaría este proyecto puntual o aquella realización lustrosa debidamente publicitada. Poco más.Existen, claro, elementos aislados de estrategia. Apuntes parciales de interés o valiosos empeños como el de Promadrid, rápidamente aparcado en vía muerta una vez que los primeros resultados de diagnóstico arrojaron un cuadro de problemas poco o nada vistoso para la autoridad competente. Pero el caso es que ni la Administración en sus distintos escalones, ni las instituciones público-privadas (confederaciones empresariales, cámaras, sindicatos, partidos, etcétera) parecen sentir la urgencia de abrir un proceso de reflexión y debate que desemboque en la articulación de un proyecto para Madrid colectivamente asumido.
De todo lo dicho se desprende que Madrid necesita ya un proyecto estratégico ambicioso y, que cumpla como mínimo dos objetivos básicos: orientar y articular aquellas acciones sectoriales que deban emprenderse desde un programa global, y estímular al conjunto de la sociedad madrileña con un horizonte definido. Un proyecto capaz de resolver los problemas estructurales de fondo que aquejan a la sociedad madrileña mejorando sus posibilidades de inserción en Europa y pensando en función de las carencias y de las necesidades de la sociedad madrileña. Conceptos como competitividad ningún sentido tienen si no se formulan en función de las necesidades de la población. El proyecto estratégico de Madrid debería ser por tanto el de los madrileños.
En ningún caso puede abordarse como un ejercicio de gabinete por brillante que resulte (o como patrimonio de una u otra fuerza política), sino como el fruto de un proceso a lo largo del cual la búsqueda del consenso, el pacto, debe ser un factor integrador en un doble sentido: territorial (capital, región y entorno) y social (grupos de intereses, sectores, instituciones, grupos, organizaciones, etcétera).
El argumento de las competencias se exhibe a menudo por todo tipo de responsables para pasarse la pelota. Lo hacen entre sí las distintas administraciones mientras que la sociedad suele reprochar al Estado su aletargamiento sin reparar en el suyo propio. Pero es el caso que no es preciso ser competente administrativamente, o esperar que otro lo sea por uno, para hacer frente a determinados retos. Basta con demostrar competencia en cuanto a asumir responsabilidades, mostrar la voluntad que sea necesaria y poner en juego capacidad de integración y articulación.
Algunos mimbres
De las carencias, de los problemas estructurales de fondo, de las insuficiencias y desajustes surgen algunas evidencias con vistas al futuro.
Es el caso, por ejemplo, de la necesidad imperiosa de hacer un esfuerzo serio de capacitación tecnológica, de inversión en sectores punta, de integración en la red de información e innovación, por bimillonarias que puedan sonar las inversiones necesarias. Sin personal debidamente formado, centros de investigación adecuados y un tejido empresarial capaz de integrarse en este entramado científico-técnico, dificilmente Madrid podrá aspirar a nada.
Otro tanto ocurre con el sistema de comunicaciones en cualquiera de sus vertientes. Enlazar con Europa acortando las distancias físicas que nos separan con ese eje vital que se desplaza hacia el Este, y utilizando las rentas de situación que pueden situar a Madrid como la capital del extremo suroccidental de Europa enlazando Lisboa, Latinoamérica y África del Norte vía Andalucía.
La plasmación de un modelo territorial equilibrado es otra exigencia capaz de mejorar la calidad de vida de los madrileños a la vez que constituye un incentivo para la localización de actividades estratégicas. Descongestionar el centro, recuperándolo, y recualificar la periferia dotándola de centrafidad y conectividad es una salida realista y posible.
Resolver problemas estructurales de fondo. Es el caso de la vivienda. Hace falta poner en marcha un potente programa de suelo y vivienda a precio tasado capaz de soportar en los próximos años una demanda potencial de hasta 200.000 viviendas protegibles que también oferte alquileres concertados con la iniciativa privada a precios asequibles (que no superen las 50.000 pesetas). Agotadas las áreas centrales, procurar que estos nuevos desarrollos urbanos resulten atractivos para sus futuros moradores, concentrando y cualificando las actuaciones inmobiliarias de forma que ofrezcan un rico tejido residencial de servicios y ocio. Todo ello enlazado por un eficaz sistema de transporte público de alta capacidad y eficacia.
Sin duda, la mejor política social es aquella capaz de procurar un desarrollo sostenido, equilibrado y armónico, capaz de propiciar el máximo y mejor empleo posible. Una adecuada calificación de la mano de obra a todos sus niveles es asimismo un factor determinante. Pero, en cualquier caso, la necesidad de políticas específicas de integración en una sociedad compleja generadora de desigualdad y marginación social es manifiesta.
Una reflexión final. La ausencia de una estrategia colectiva asentada sobre un razonable consenso social propicia los comportamientos individuales, alienta los comportamientos de grupo o capilla y redunda, finalmente, en una mayor agudización de las desigualdades. El desarrollo, si no se integra en una estrategia más amplia, genera desequilibrios que pueden hacerlo ineficaz incluso en términos estrictamente económicos. Y para poder abordar planteamientos estratégicos es necesario profundizar en la dimensión regional de la política, liberar las energías que la planta autonómica del Estado puede dar de sí en el nuevo contexto regional europeo.
