Polémica sobre la presión fiscal

Si Clausewitz viviese por estos lares comprobaría que su famosa frase sobre la guerra la entendemos de otra manera. Aquí la política es la continuación de la guerra por otros medios, y en la guerra vale todo, especialmente en el terreno de la información.No quiero ser una Casandra más de las que cargan sobre la Prensa la creciente acidez y violencia en las relaciones entre Administración y administrados, pero es indudable que el creciente amarillismo que se percibe en ciertos medios informativos, denunciado ya por varios escritores como el ministro Semprún, está, haciendo cada vez más dificil obtener una visión clara de los problemas importantes de nuestra sociedad y las cuestiones de Estado.

Coro de lamentos

Pues bien, y a lo que iba. Esta información tergiversada o incompleta está invadiendo también el tratamiento de los temas fiscales. Se escribe sobre ellos a menudo con ligereza, frivolidad o mala intención. La bandera de la contrarrefórma fiscal se ha revelado tan rentable como la política, y cada paso en busca de una mayor justicia y eficacia fiscal provoca un coro de lamentos, cuando no de invectivas.En algún cenáculo patronal se habló de que nuestros impuestos actuales eran nada menos que "confiscatorios", y una lumbrera de la judicatura nos previno contra la "dictadura fiscal" y la "indefensión jurídica de los contribuyentes". Sólo faltaba esto para soliviantar a la grey tributaria, ya de por sí bastante sensibilizada en esta materia.

Ahora la contestación fiscal se centra en afirmar que la presión tributaria en nuestro país es la más alta de Europa, o algo así. Esto parece ser ya una especie de tópico popular, y me extraña que, según me dicen, hayan aparecido comentarios en tal sentido en alguna revista económica. Los índices de presión fiscal no son datos ocultos o esotéricos, y a menudo son publicados en la Prensa, razón por la que uno se explica muy bien tales lamentos.

Para tratar de tranquilizar a los temerosos y de convencer a los recalcitrantes, cosa ésta más difícil, se insertan en este artículo los cuadros de índices de presión fiscal de los 23 países de la OCDE en 1981 y 1987. Hacer constar ambos ejercicios, separados por más de un lustro, creo que resulta bastante orientativo en cuanto a comparaciones temporales o entre países.

A pesar de los datos anteriores, los alérgicos a los impuestos, si logran ser convencidos de que la presión fiscal en España no es notoriamente excesiva, se batirán en segundas líneas de resistencia.

Dirán, por ejemplo, que bien, sí, pero que la Seguridad Social es altísima, o que una cosa son los tributos personales y otra los locales, y finalmente terminarán haciendo comentarios despreciativos para nuestros servicios sociales si se los compara con los de otros países de la Comunidad Europea (CE).

Probablemente esto último, es cierto, pero no creo que haya muchos contribuyentes en nuestro país que posean los suficientes datos objetivos para poder hacer estas comparaciones. De todos modos, para ilustración de los reticentes hay que hacer constar que en las cifras de presión fiscal mencionadas se incluyen la cotización por la Seguridad Social y todos los impuestos que constituyen los ingresos fiscales de un país, tanto a escala nacional como provincial y municipal.

El aumento que ha experimentado un mayor aumento en la misma entre 1981 y 1987, 8,8 puntos, seguido de cerca por Grecia, con 8,2, y Dinamarca con 6,7. Esto no es de extrañar, pues hasta 1977 ocupaba el último lugar en esta lista, y hasta 1982 el penúltimo: Turquía había recogido el farolillo rojo.

Que España ocupe el lugar 172 entre los 23 países de la OCDE por su presión Fiscal no quiere decir que se propugnen nuevas subidas de impuestos máxime cuando nuestro sistema tributario sigue adoleciendo de numerosos defectos. Uno de ellos es el mayor peso que incide sobre quienes obtienen sus ingresos a través de una nómina, y otro las numerosas actividades poco o mal controladas por el fisco. Por otra parte, nuestra pertenencl a a la Comunidad y la subsiguiente adaptación de nuestro sistema fiscal al que rige en los países del Mercado Común serán los que determinarán los cambios en el mismo.

Precisamente sobre este proceso escribe Fernando Peña Alvarez un interesante artículo en el suplemento económico de este diario del 1 de abril. Son ciertas sus observaciones sobre el tratamiento fiscal que en nuestro país se da a los rendimientos de capital, más gravoso por lo general que el de la CE, y a la ineluctable adaptación de nuestros tipos a los del resto del Mercado Común, dado que la libertad de movimiento de capitales haría poco atractiva la inversión en países con altos gravámenes. Sin embargo no parece que, como afirma el articulista, la situación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en nuestro país presente unos índices superiores a los del resto de Europa. En los datos que facilita el informe de la OCDE sobre fiscalidad, al referirse al "Impuesto sobre la renta de las personas físicas" fija para España un porcentaje del 7,0 de este impuesto en relación con el producto interior bruto, o del 21,3 si se compara con el total de ingresos fiscales (promedios de la CE, 11,2 y 26,3, respectivamente). Si en un sentido más amplio nos referimos a "impuestos sobre la renta y beneficios", los porcentajes serían: 9,8 y 29,6 (promedios de la CE: 13,7 y 32,9).