El juez detiene a otro intermediario mientras los Revilla guardan silencio
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Rafael Aguirre Zunzunegui, uno de los participantes en el pago del rescate del industrial Emiliano Revilla, quedó ayer detenido por un plazo máximo de tres días por orden del juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, tras acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio y negarse a declarar en el denominado sumario de los intermediarios. La detención de Aguirre, que anoche ingresó en la prisión madrileña de Carabanchel, tiene como antecedentes el envío a prisión de otros dos intermediarios, Francisco Arratíbel y Francisco Elosúa.En una comparecencia anterior, verificada en diciembre de 1988, Rafael Aguirre reconoció haber alquilado una furgoneta en la que la policía francesa encontró 725 millones de pesetas, correspondientes al primer intento del pago del rescate. Su actuación se limitó, según declaró entonces, a alquilar la furgoneta y dejarla estacionada en una calle de la localidad francesa de Bayona. Aguirre actuó por cuenta de Txomin Estrada e Iñaki Aseguinolaza, quienes dirigieron en una primera fase las negociaciones y que mañana deberán prestar declaración ante el juez.
El juez citó además al intermediario Vicente Estrada, que compareció a las ocho de la tarde. Al parecer, antes de resolver definitivamente la situación de Aguirre el juez quería interrogar a Estrada, que declaró hasta las once de la noche y, al igual que Aguirre, se acogió a su derecho al silencio. A continuación quedó en libertad.
El empresario Emiliano Revilla y su hijo Antonio también comparecieron por la mañana ante el juez Bueren. Uno de los abogados intervinientes en las diligencias informó que Emiliano Revilla dijo desconocer todo lo relativo al pago del rescate. Su hijo Antonio intentó favorecer a Rafael Aguirre indicando que su actuación se limitó a una "simple colaboración por amistad" y se negó a contestar a más detalles sobre las negociaciones, acogiéndose a su derecho a guardar silencio. Por la tarde, acompañaron a Estrada ante el juez, pese a no haber sido citados, como gesto de apoyo moral a sus amigos. Según fuentes próximas al caso, el juez trata de establecer la línea divisoria entre quienes negociaron por parte de la familia del empresario y quienes lo hicieron por parte de ETA.
