Un gestor y una, funcionaria, encarcelados por presunta implicación en un fraude de 500 millones

El propietario de una gestoría de Móstoles; y una funcionaria de la oficina de empleo de esa localidad han ingresado en prisión por su presunta implicación en una cadena de fraudes al Inem (Instituto Nacional de Empleo), cuyo montante aún no ha sido determinado, aunque fuentes policiales estiman que la estafa puede ascender a unos 500 millones de pesetas. Casi un centenar de empresas de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada han obtenido subvenciones y bonificaciones irregulares, según las pesquisas realizadas por el grupo de investigación de la Seguridad Social del Servicio Central de Policía Judicial.

Las investigaciones comenzaron a principios de año, después de que la Dirección Provincial de Trabajo sospechara que en Móstoles se estaba produciendo la contratación irregular de trabajadores al amparo de las medidas de fomento del empleo.La policía determinó que un grupo de empresas había solicitado subvenciones por la contratación de personas mayores de 45 años, pese a que éstos no reunían el requisito de llevar más de un año inscritos en la oficina de empleo. Estas personas estaban dadas de alta en la Seguridad Social (SS) como trabajadores de otras empresas hasta la fecha de suscribir el contrato subvencionado.

En otros casos, las empresas obtenían bonificaciones del 50% de las cuotas de la SS, contratando a mayores de 40 años como menores de 26.

Otra modalidad de fraude consistía en aparentar el despido voluntario de trabajadores, luego dados de alta en otras empresas, de las que eran despedidos a los pocos días por no superar el período de prueba. A continuación cobraban el desempleo en la modalidad de pago único alegando que iban a establecerse como autónomos. Los investigadores comprobaron que en todos los casos supuestamente fraudulentos se aportaban documentos de demanda de empleo tramitados en la oficina del Inem de la calle del Dos, de Mayo de Móstoles. Todos los contratos y solicitudes de desempleo eran canalizados por una gestoría que operaba con las denominaciones de Antonio Tamarit, S.A., Anta S.A y Asit S.L, radicadas en el número 15 de la calle de Canarias, en Móstoles. Esta gestoría estaba dirigida por Antonio Tamarit Almagro, de 40 años.

Subveniciones

La policía determinó que "Antonio Tamarit instaba a pequeños empresarios, a los que gestionaba sus seguros sociales, a la contratación de dichos trabajadores", por lo que en cada caso obtendrían una subvención de 400.000 pesetas.

Tamarit cobraba entre 20.000 y 40.000 pesetas por la tramitación del contrato y la solicitud de la subvención y si ésta era conseguida, él cobraba 100.000 al empresario y éste se quedaba con 300.000 pesetas, según las mismas fuentes.Antonio Tamarit era quien presuntamente se encargaba de aportar la tarjeta de demanda de empleo, para lo que contaba con la supuesta colaboración de Inés Iglesias Alonso, de 27 años, funcionaria de la oficina de empleo de Móstoles.

Tamarit facilitaba a Inés Iglesias los carnés de identidad de los trabajadores o le comunicaba por teléfono sus dato personales. La citada funcionaria ha asegurado que "estas manipulaciones y falsedades la realizaba por hacer un favor, sin recibir dinero", según la policía,

Inés Iglesias y Antonio Tamarit fueron detenidos hace unos días en Móstoles y, tras prestar declaración en la comisaría local, fueron puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 5 de Mostoles, cuyo titular decretó su ingreso inmediato en prisión preventiva.

La policía registró la gestoría, donde requisé "multitud de contratos de diferentes trabajadores y empresas".

Unas 50 o 60 empresas han obtenido subvenciones por contratar, en ocasiones hasta 14 personas, a mayores de 45 años; unas 100 empresas han obtenido presuntamente bonificaciones irregulares y 40 personas han cobrado el desempleo de forma indebida, según la policía.