La dirección del Metro no quiere que sus guardias de seguridad vayan armados

La dirección de la empresa Metro de Madrid no cree necesario que los miembros de la empresa concesionaria de la seguridad en su red de estaciones porten armas de fuego, tal y como pretenden los guardas de la firma Candi, actual contratista del servicio de vigilancia del suburbano madrileño, que cumplen hoy su 25º día de encierro en la estación de metro de Noviciado en protesta por el despido de 35 de sus compañeros.

Los encerrados denunciaron ayer ante el Juzgado de Guardia al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a la delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, y al director gerente de Metro de Madrid, Guillermo Vázquez, por incumplimiento de la ley de Seguridad Privada.Según Alejandro Gutiérrez, portavoz de los encerrados, Vera, Tutor y Vázquez incumplen esta ley al permitir que Candi preste los servicios de seguridad en el Metro "sin observar los necesarios trámites de visado del contrato de concesión por parte de Interior y sin permitir que los agentes porten un revólver del calibre 38, como es preceptivo".

"Las defensas que portamos -porra de goma, grilletes y silbatos- son absolutamente insuficientes para hacer frente a posibles enfrentamientos con maleantes; baste decir que cada mes tenemos una media de 15 o 20 guardas en baja laboral como resultado de palizas o agresiones de gamberros o delincuentes en su trabajo", afirmó Alejandro Gutiérrez.

Por su parte, un portavoz del Metro admitió ayer que no desea que los miembros de su servicio de seguridad vayan con armas de fuego "para evitar probables situaciones de riesgo al enfrentar a una persona armada con sujetos imprevisibles en un entorno cerrado y multitudinario, como son las estaciones o trenes de la red. Más vale dejar escapar a un ratero o a un gamberro que poner en peligro la integridad física del propio guarda y de los viajeros".

Los encerrados exigen la readmisión inmediata de los 35 despedidos por Candi y la legalización de su trabajo en el Metro. Estos empleados denunciaron también ante la Brigada de Documentación a Candi por enviar a personal de otros centros o incluso de otras provincias para cubrir el servicio abandonado por los encerrados.

"Estas 20 personas no pueden realizar ese trabajo, y además no garantizan la seguridad de los viajeros porque son muy pocos y desconocen las características del servicio", dijo Gutiérrez.

Inseguridad

Según los encerrados, la inseguridad ha crecido notablemente desde que no patrullan por las estaciones de la red. "Hasta se han llegado a producir muertes, como la de un joven agredido en la estación de Tribunal o un mendigo muerto en la de Cuatro Caminos, que se hubieran podido evitar con nuestra presencia", afirmó el portavoz. Sin embargo, la compañía Metro de Madrid asegura, por su parte, que el servicio de seguridad está cubierto al 80%.