Por el camino de la libertad

Millones de mexicanos en colonias populares, zonas rurales y comunidades indígenas reclaman una más rápida respuesta a sus demandas. Ello requiere compromiso político, programas y recursos, sobre todo recursos.El Programa Nacional de Solidaridad canalizará este año 3,5 billones de pesos a programas sociales. Su propósito no es populista; la comunidad beneficiada cubre parte de los costes de los servicios; es un programa de contenido popular. Y además, tiene un claro sentido democrático: exige y alienta la participación y la organización de la comunidad. En el Pronasol se hermanan así justicia y democracia. Hay carencias y demandas enormes. Necesitamos más recursos para atenderlas. De la venta de empresas obtendremos parte de ellos.

Hay empresas públicas que crecerán y se les dotará de mayor capacidad productiva y comercializadora. Estas son las empresas que tienen a su cargo un recurso intransferible de la nación, conforme al mandato constitucional. Son las empresas que llamamos estratégicas.

Privatizaciones

En México, el Estado privatiza, fusiona o liquida empresas que no tienen un carácter estratégico para obtener recursos para sus programas sociales. Desde 1989 son cerca de 40 las empresas privatizadas. Muchas de ellas eran una carga onerosa y cuya operación limitaba de hecho su función regulatoria sobre el mercado. Más que ser instrumento de justicia eran causa de la permanencia de injusticias y privilegios, como los que derivaban servidores públicos y miembros de las líneas aéreas a través de las cortesías y las preferencias. Otras, aunque rentables, demandaban cantidades crecientes y muy considerables de recursos para continuar siéndolo y concentraban una atención política que competía con los recursos y cuidado que demandan las funciones básicas del Estado, como fue el caso de Cananea, Telmex y las empresas siderúrgicas. Otras más, producto de un desordenado y hasta irracional afán de ampliación sin causa defendible, simplemente desaparecen o se enajenan, como fueron los hoteles y empresas de servicios. No es sensato que para que muchas empresas públicas no estratégicas fueran eficientes operaran totalmente como empresas privadas pero se les mantuviera en propiedad del Estado. El punto crucial es: las razones de la desincorporación no son un mero problema financiero, aunque esta razón está siempre presente; no se trata de razones de eficiencia de las empresas o los empresarios públicos, aunque en ocasiones también estas razones están presentes. La tesis es de política general: que el Estado cumpla con sus responsabilidades constitucionales y sus compromisos sociales fundamentales.

El exceso de Estado mostró imposible alcanzar mínimos de eficiencia en condiciones de crisis económica. Los pasivos superaron a los activos en muchas empresas públicas. El Estado no cumplía porque no tenía recursos para atender todo lo que poseía y para responder a lo que, por ley, debía hacer. Los recursos estaban ocultados, en una muy importante proporción, en la operación de empresas o, peor aún, en algunos casos subsidiando ineficiencia. Los bienes, en el refrán popular, son para remediar los males. Ésta es una forma sabia en que podemos aproximarnos a las medidas de privatización. De la venta de las empresas en el año 1989 el Estado recibió un flujo de recursos por más de un billón de pesos. El Estado puede conducir el desarrollo nacional sin estas empresas y necesita los recursos que consumen empresas públicas no estratégicas para fortalecer las que sí lo son, como Pemex y CFE, para la infraestructura del crecimiento y la justicia social. Necesita concentrar su atenci5n política, muchas veces dispersa o desordenada, para atender sus responsabilidades sociales.

Racionalidad social

Los casos concretos serán, sin duda, disputables en los términos de su propia argumentación. Ello es inherente a una sociedad libre y diversificada. Pero cada caso debe levantarse o caer por la más estricta racionalidad social. No hay camino corto que por inferencia condene las privatizaciones o las exalte. El trabajo difícil de ponderar utilidad, oportunidad y consecuencias de cada caso de privatización no puede ser dispensado (le este debate propio de nuestro tiempo.

México emprendió la estabilización de la economía con disciplina fiscal y el acuerdo con los sectores. También renegoció la deuda externa para eliminar la excesiva carga sobre la economía, sobre el trabajo de cada uno. A los recursos liberados por la renegociación se agregan los recursos que se obtienen con la venta de las empresas desincorporadas del patrimonio estatal y se destinan ahora al gasto social en infraestructura y servicios para los mexicanos del campo y las ciudades. También se aplican a los proyectos de infraestructura pública en apoyo al crecimiento de la economía, a la generación de empleos y al equilibrio en el desarrollo de las regiones. Para favorecer la democratización del capital y la formación de auténticas empresas del sector social, la desincorporación de empresas estatales contempla un esquema de preferencia en la adquisición que beneficie a los trabajadores, respetando plenamente sus conquistas laborales. La reforma del Estado mexicano no tiene por objeto la supresión de las prestaciones sociales, sino su eficaz destino y su permanencia a la luz de las posibilidades financieras gubernamentales y de los grupos de población que en realidad requieren de un tratamiento preferencial. No hay subsidio más gravoso y más injustificado que aquel que no llega a sus legítimos destinatarios.

Esto explica la composición del gasto público como política social. Para 1990 la inversión pública total se incrementará en términos reales en un 14%. El gasto social pasa del 29% de la inversión total pública al 37%. La inversión en el sector rural aumenta un 55%; el desarrollo social (educación, salud, desarrollo urbano y regional), un 3 1 %; el abasto y el comercio, un 413%. Aumentan los ingresos tradicionales, los que produzcan las privatizaciones y los que ya no se gastarán en mantener a esas empresas. Es por ello que, por primera vez en muchos años, logramos que aumente con apego a la racionalidad la atención social. Baja el gasto en administración y comunicaciones para apoyar esta política y promover la inversión privada en la infraestructura de carreteras y en grandes proyectos de telecomunicaciones. La política del, gasto público, en los hechos, refleja la modernización del Estado en concordancia con sus funciones y responsabilidades.

Participación

Ampliar la participación de las comunidades y los grupos privados también distribuye mejor el bienestar. En algunos proyectos del Programa Nacional de Solidar]dad se amplió la eficaz contribución de la comunidad y del Estado para un propósito consultado y realizado por miles de mexicanos. La ampliación de los espacios de participación y la justicia del propósito de bienestar van unidos. Esto es asumir responsabilidades y es reforma del Estado.

Los temas de la modernización del Estado son muchos, y cada uno de ellos tiene, a su vez, profundas implicaciones. Aquí sólo mencioné algunas consideraciones sobre el trabajo que se lleva a cabo. Diariamente, en el Gobierno federal, en el seno de los sectores y las organizaciones civiles, en las aulas y los medios de comunicación, se ventilan problemas y se toman posiciones. Esto es digno de una sociedad libre que desea seguir siéndolo y que reconoce que el camino de la superación requiere esfuerzo y trabajo cotidiano, disposición abierta y tolerante, deseo ferviente de soluciones. 11-71 compromiso es así de serio y, así de importante. El diálogo está abierto y es permanente. Mi compromiso está con una modernización que sea nacionalista y popular, en defensa de la soberanía y la promoción de la justicia. Lo haremos por la ruta de la democracia y de la libertad.