Justos por pecadores

LA SUBIDA de las tarifas telefónicas en un 7,3% ha superado las previsiones más optimistas de la compañía que gestiona el monopolio. No en vano los precios del teléfono han subido por encima del índice de precios al consumo (IPC), cuya previsión para 1990 es del 5,7%. Es más, el Gobierno ha aumentado incluso la propuesta de la Junta Superior de Precios, que fijaba el incremento medio de la tarifa en un 6,5%, y sobre todo la del Ministerio de Transportes, que abogaba por unos precios equivalentes a la previsión de inflación para este año.En definitiva, la decisión del Consejo de Ministros satisface plenamente los objetivos de Telefónica, que viene pugnando desde hace años por unas tarifas que garanticen su posición ante el proceso de liberalización que registra el sector de las telecomunicaciones. Sin embargo, la subida de este año representa una verdadera contradicción para los ciudadanos en relación a la calidad del servicio que presta Telefónica, en su peor momento. Los errores de planificación del monopolio, atribuibles a los presidentes anteriores, han situado bajo mínimos la atención al usuario, que encima, ahora, se ve obligado a asumir un "sacrificio necesario" -según palabras del ministro Barrionuevo- para asegurar las inversiones presupuestadas.

El argumento es difícil de comprender. Telefónica proyecta este año unas inversiones de 660.000 millones, y el incremento de precios sólo representa un aumento de los ingresos del orden de 50.000 millones. Se puede decir, en suma, que no sólo de tarifas vive Telefónica, lo que vuelto por pasiva significa que la subida acordada no es la panacea a los males que viene sufriendo un año sí y otro también la empresa.

Además, la subida del teléfono marca este año el punto de inflexión en la tendencia de reestructuración de precios que ha puesto en marcha la empresa, y que se resume básicamente en la congelación de las tarifas de larga distancia a costa de un incremento galopante en las urbanas. Bien es cierto que el coste de cada paso de contador -tres minutos de comunicación- le cuesta a Telefónica nueve pesetas, mientras que lo cobra a 3,90, lo que sitúa el precio de la tarifa urbana muy por debajo del resto de Europa. La reestructuración era, ineludible desde hacía mucho tiempo si se quería evitar que Telefónica quedase reducida a una mera compañía local, obligada a asumir por razones sociales un segmento de negocio ruinoso mientras las multinacionales se aprestaban a competir en los tramos que garantizan la mayor rentabilidad del servicio, las llamadas de media y larga distancia. Pero la falta de voluntad política y de asunción de cotas de impopularidad por parte del Gobierno retrasaron la decisión y sólo ahora el Ejecutivo ha decidido aceptar el cambio de tarifas, que va a tener un mayor y más incómodo reflejo directo en el recibo bimensual.

La conclusión es que los justos van a pagar por los pecadores y que esa cicatería histórica con que la Administración y Telefónica han actuado en los últimos años será paliada a costa de unos precios que incidirán principalmente sobre los estratos sociales de menor renta, los usuarios del servicio urbano.