Jueces para la Democracia pide al Gobierno un fiscal capaz de querellarse "frente a cualquiera"

Jueces para la Democracia, asociación progresista y minoritaria, advirtió ayer al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial que la defensa del Estado de derecho exige un fiscal capaz de ejercer la acción pública "siempre que la ley lo exija y frente a cualquiera", en contraste con la actitud del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, en el caso Prenafeta y contra la Prensa. Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, expresó su inquietud ante la "impresión de que existe un hilo conductor entre el fiscal y el Ejecutivo".

A través de la APM, que cuenta con más de 600 asociados, y de Jueces para la Democracia, que supera los 250, casi la mitad de la carrera judicial critica la actitud de Torres. La opinión del portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria -que cuenta con casi 200 jueces-, no pudo obtenerse ayer por encontrarse ilocalizable en Castellón de la Plana.El magistrado Perfecto Andrés, portavoz de Jueces para la Democracia, se pronunció ayer sobre "la preocupante actualidad" del problema del fiscal puesta de manifiesto por las querellas de Torres contra algunos medios y profesionales de la comunicación y por el caso Prenafeta [paralización por el fiscal general de la querella preparada por el fiscal jefe de Barcelona contra el alto cargo de la Generalitat Lluís Prenafeta].Fidelidad políticaJueces para la Democracia resalta que la ambigüedad del fiscal como "agente de la legalidad" y "dependiente del Gobierno ( ... ) va camino de resolverse en el peor de los sentidos, al resultar sistemáticamente privilegiada esta segunda condición". En concreto, denuncia que "se ha atendido a criterios de Fidelidad política, con preferencia a cualesquiera otros en el momento del nombramiento" de Torres y la utilización de esa alta magistratura como moneda de compensación de un fiasco electoral".Los jueces progresistas ven con preocupación un Ministerio Fiscal como "peón de brega", dice, "uncido a los dictados de la conveniencia política del momento". Y advierte que la gravedad de esta actitud es mayor "cuando las últimas reformas penales apuntan", señala, "a un reforzamiento de su papel en el proceso".

Ante esta situación, Jueces para la Democracia recuerda "al Gobierno y también al Consejo General del Poder Judicial, en la parte que le toca", precisa, "la necesidad que el Estado de derecho tiene de un fiscal firmemente anclado en el principio de legalidad y en condiciones objetivas de ejercer la acción pública, siempre que la ley lo exija y frente a cualquiera".

Advierte también al actual fiscal general del Estado sobre "la responsabilidad personal contraida de hacer prevalecer el imperativo constitucional que le concierne, por encima de cualquier otra exigencia". Por lo demás, Jueces para la Democracia "apoya con toda firmeza y se muestra solidaria con el trabajo y la actitud,irreprochable de la fiscalía de Barcelona".

Por su parte, el nuevo presidente de la APM Ramón Rodríguez Arribas estimó que Torres "ha entrado con mal pie" en su cargo y expresó su preocupación "ante la apariencia de que no actua con imparcialidad". Señaló la necesidad de impedir 1a impresión de que existe un hilo conductor entre el fiscal general y el Ejecutivo".