Las transferencias de Justicia obstaculizan el pacto de coalición vasco

El Gobierno central considera "muy dificil" cerrar en los próximos meses la transferencia al País Vasco del personal al servicio de la Administración de justicia, último escollo para el cumplimiento del pacto de coalición entre peneuvistas y socialistas. Madrid desea una entrevista entre Felipe González y José Antonio Ardanza para solucionarlo, idea acogida sin interés en Vitoria. Los peneuvistas aspiran a alcanzar un acuerdo entre Gobiernos antes de que intervenga el Tribunal Constitucional.El Estatuto de Gernika reserva en su artículo 35 a Euskadi la provisión del personal al servicio de la Administración de justicia" en su territorio. La transferencia de esta materia fue incluida en el pacto de coalición PNV-PSOE.Para el primero de los socios, este hecho demuestra la existencia en 1987 de una voluntad común de resolver la transferencia sin intervención judicial que ahora está en duda. Si acaba la legislatura sin haberlo conseguido, se trataría de un incumplimiento del pacto por el PSE-PSOE y el Gobierno central. La voluntad política, afirman los nacionalistas, debe actuar al margen del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde se encuentra pendiente de resolución desde 1984 un recurso de la comunidad vasca contra la ley Orgánica del Poder Judicial.

El Gobierno autónomo teme una inminente sentencia del alto tribunal contraria a su interpretación, que cercene la posibilidad de un desarrollo diferenciado del Estatuto en esta materia. La transferencia de Justicia afecta a uno de los tres poderes del Estado y exige intervenir en un cuerpo como el de secretarios de juzgados.

Diferencias

Su importancia es tal que "justifica una entrevista al más alto nivel entre los presidentes" de los dos Gobiernos, según ha declarado en Bilbao el ministro de Administraciones Territoriales, Joaquín Almunia. Para el ministro, el recurso vasco contra la ley Orgánica del Poder Judicial debe estar a punto de resolverse y "puede clarificar las diferencias de interpretación".Enrique Múgica, ministro de Justicia, echó ayer en San Sebastián un jarro de agua fría sobre las aspiraciones nacionalistas al declarar que la transferencia del personal "debe estar subordinada a la sentencia del Tribunal Constitucional". La sentencia se espera en un mes, añadió Múgica, y hacer la transferencia ahora, parece algo frívolo".

Ardanza no tiene mucho interés en implicarse, a pocos meses de las elecciones autonómicas, en una negociación conflictiva y que puede fracasar.