_
_
_
_
_
Tribuna:LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESPAÑOLAS
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El sector de la construcción y el Plan General de Carreteras

Hace años, el sector de la construcción, hundido en una profunda depresión, criticaba la pasividad administrativa ante la insuficiencia de las infraestructuras españolas. Durante muchos años, desde las asociaciones empresariales de la construcción, se ha venido critican do la débil reacción de las administraciones públicas frente a la alarmante situación en que se encontraban las infraestructuras y equipamientos sociales de nuestro país. Por parte del sector, sumido entonces en una intensa postración, estaba claro que se trataba de una crítica interesada, pero este hecho no restaba credibilidad alguna a los argumentos utilizados, ya que nuestras carencias en aquellas materias, sufridas por propios y extraños, eran de evidencia patente para todos los ciudadanos. La incomodidad de nuestra red dé comunicaciones, por ejemplo, cuya insuficiencia y baja calidad eran manifiestas, bastaba como botón de muestra.Es justo reconocer que en estos últimos años la Administración ha iniciado con ímpetu el proceso de modernización de las infraestructuras. Desde 1985, las administraciones vienen dando un gran impulso a sus inversiones, y el sector de la construcción ha logrado recuperar el pulso que tuvo en el pasado. Aunque es cierto que, dentro del animado clima económico, la iniciativa privada ha colaborado también, el auge reciente de la actividad constructora se debe esencialmente al fuerte aumento de las inversiones públicas. El reconocimiento de este hecho por parte del sector es de justicia que se haga con el mismo énfasis al menos con que se criticaba entonces la pasividad gubernamental.

Como no podía ser de otro modo, dentro del aludido esfuerzo inversor que comienza a sentirse en el año 1986 destaca espectacularmente el que desde entonces se viene realizando en el ámbito de las carreteras, y del que el Plan General de Carreteras 1984-1991, emprendido por la Administración central sobre la Red de Interés General del Estado, es, por el momento, su máximo exponente.

El Plan General de Carreteras vigente, que deberá culminar antes de que finalice 1991, fundamentalmente comprende la ejecución de unos 3.300 kilómetros de autovías, mediante el desdoblamiento de la calzada, el acondicionamiento de unos 7.500 kilómetros de carreteras con plataforma de más de nueve metros de ancho y la mejora de: travesías, actuaciones en medio urbano y accesos a puertos y aeropuertos. El importe total del plan, según las últimas estimaciones, alcanzará aproximadamente el billón y medio de pesetas, lo que supone, por tanto, la mayor inversión realizada por la Administración del Estado en sus carreteras.

El Plan General de Carreteras 1984-1991 es un paso importante hacia la equiparación de: nuestras infraestructuras con las restantes de Europa. Aunque resulta evidente que este Plan General de Carreteras no resuelve por sí solo todos los problemas acuciantes que pesan sobre nuestra red principal de carreteras, hay que reconocer que, en términos relativos, representa un salto descomunal hacia delante y supone un paso de gigante hacia el grado de la calidad que, tanto cuantitativa como cualitativamente, debe alcanzar nuestra red de comunicaciones terrestres para que se pueda equiparar con las dispuestas por los países desarrollados de nuestro entorno. Será precisa la realización de otros nuevos planes y programas, como los ya anunciados por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y otros muchos complementarios, para que nos aproximemos pronto a los niveles europeos de referencia.

Resulta innegable que, en términos generales, la calidad del servicio prestado por la autopista es superior al que pueda prestar la autovía, pero ello no conduce en modo alguno a la descalificación del empleo de la autovía como vía rápida en la red contemplada por el plan. La obligada limitación de los recursos financieros que se puedan dedicar a estas infraestructuras y la mayor economía de la autovía aconsejan su uso para lograr unos primeros objetivos de calidad en poco tiempo. Además, la autovía atiende al tráfico local, que es preponderante en esas vías, de forma mucho más satisfactoria que la autopista.

Por otra parte, se puede constatar el incremento gradual de calidad que se ha ido imponiendo en los proyectos de las obras del plan en cuanto a requerimientos de trazado y otras características de las autovías, de tal modo que las más recientes se asemejan mucho, en todo lo que se puede, a las autopistas. La introducción de estas mejoras de criterio, en cierto modo influidas por el ingreso de España en la Comunidad Europea y por la proximidad de la apertura al Mercado Común, ha sido factor decisivo en el incremento de los presupuestos del plan.

Nivel de calidad

Los nuevos tramos abiertos al tráfico suponen todavía una pequeña proporción sobre los que están en ejecución y los que se habrán de realizar. La ingente labor en marcha mantiene nuestra red de carreteras por el momento en una situación de suma incomodidad y todavía resulta muy dificil que el usuario pueda valorar la calidad con que se realizan las obras. Sin embargo, en las obras se viene asegurando una calidad muy satisfactoria. Por una parte, como decíamos, se ha mejorado sustancialmente el nivel de los requerimientos -calidad en cuanto a los tipos de obra a realizar-, y por otra, el grado de cumplimiento de esos requisitos calidad en cuanto a cómo se realizan esas obras-, aunque, ello no implique la posible aparición de algún fallo excepcional que confirme la regla, pero que en ningún modo puede llevar a la descalificación. Tanto los estándares de calidad como el control de la misma son equivalentes a los que impone la tecnología moderna en los países más avanzados, dado que la tecnología española en este campo está a su misma altura. Por otro lado, en las obras de mayor envergadura se están imponiendo los sistemas modernos de autocontrol, que, sin duda, darán buenos frutos y una experiencia trasladable a otros campos de la construcción.

La convocatoria del Plan General de Carreteras, unido a las de los demás programas de inversión pública en carreteras promovidos por parte de las comunidades autónomas, supuso para las empresas constructoras la apertura de un brillante horizonte, que ofrecía la posibilidad de alcanzar un razonable nivel de actividad y asegurar trabajo a los costosos equipos disponibles. Hoy las empresas trabajan con intensidad, pero todavía no han conseguido alcanzar los niveles de producción que les permite su capacidad, y los equipos presentan índices de ocupación no muy elevados. Tan sólo la súbita y sorprendente aparición de escasez de mano de obra a casi todos los niveles, acaecida hace pocos meses, puede suponer un freno a la necesaria continuación del crecimiento de la actividad.

Por el momento se vienen cumpliendo los plazos del plan, pero la lentitud en la aportación de recursos económicos encierra un peligro latente. Hasta hace muy poco tiempo hemos mantenido la opinión de que, en líneas generales, el plan se venía desarrollando según lo previsto. Esta opinión se sustentaba en el conveniente ritmo y volumen de las licitaciones de las obras y en el adecuado grado de ejecución de éstas, especialmente las que no estaban afectadas por servicios urbanos preexistentes. Salvo excepciones justificadas, las obras se están realizando en los plazos ofertados, y en algunos casos, con reducción de los mismos. Esto no hubiera sido posible sin la buena coordinación que ha existido entre los servicios de la Dirección General de Carreteras y las empresas constructoras.

Sin embargo, desde los últimos meses del año pasado venimos acusando un cierto retraso en las licitaciones y adjudicaciones de las obras (en los nueve primeros meses de 1989 el valor de la obra licitada por la Dirección General de Carreteras fue un 44% inferior a la de 1988), que seguramente son debidos a recortes del crédito y a las insuficientes consignaciones presupuestarias. Todavía se considera posible terminar el grueso del plan antes de que acabe el año 1991, como está previsto, pero ello exigiría una mayor sensibilidad por parte de las autoridades económicas.

Un primer paso

El Plan General de Carreteras 1984-1991 es sólo un primer paso, al que deben seguir otros sin solución de continuidad. Las acciones contempladas en este plan y los vigentes de las comunidades autónomas sólo resuelven parcialmente las grandes carencias de nuestras redes de comunicaciones por carretera. Los ciudadanos de este país, los muchos extranjeros que nos visitan y los constructores de carreteras confían en que, como ya se ha anunciado a los máximos niveles gubernamentales, a estos planes sigan otros más ambiciosos si cabe para que lo más pronto posible nuestras comunicaciones estén al nivel de las del resto de Europa y no sean una barrera al intercambio de personas, bienes y servicios y un freno al desarrollo económico español. Las empresas constructoras tienen capacidad suficiente para ello y están convenientemente preparadas.

Jesús Roa Baltar es presidente de SEOPAN.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_