Los medios y los fines

En los dos últimos años, el 80% del empleo precario afectaba a las empresas con menos de 25 trabajadores., que son las tres cuartas partes del más de medio millón de sociedades que existen en España. La Inspección de Trabajo mantiene en activo 975 profesionales que vigilan el cumplimiento de la normativa laboral -en todo el Estado. De ellos, 620 tienen la función de vigilar las modalidades de empleo bonificadas en más de 375.000 pequeñas empresas. Desde hace un año,las labores de inspección de estos controladores está limitada a aquellos contratos fraudulentos que cuentan con ayudas del Estado.

MARTHA ZEINQuedan, pues, fuera de su control los contratos como los de obra o servicio, que afectan a 1,2 millones de personas.No hay una contabilización exacta del número de empresas que hay en España, aunque un reciente estudio elaborado por American Express censa un total de 511.000. Según cálculos empresariales, el 75% de la estructura empresarial española corresponde a sociedades con menos de 25 trabajadores en plantilla, en las que se produce el 80% de¡ total de empleos precarios.

Hay, además, según los analistas, un desvío constante de empleo de grandes empresas hacia pequeñas sociedades satelites o subcontratistas.

La labor inspectora de la Administración está en manos de un total de 975 profesionales, encargados de vigilar el cumplimento de la normativa laboral en todo el Estado.

De ellos, 355 son inspectores y realizan el seguimiento de estos temas en las empresas de más de 25 trabajadores, mientras que 620 personas constituyen el cuerpo de controladores laborales. Las funciones de este segundo grupo está delimitada no sólo al tamaño de las empresas (con 25 empleados o menos), sino también a la hora de promover actas de infracción.

Desde hace un año, los controladores sólo pueden denunciar aquellos fraudes relacionados con los contratos que reciben bonificaciones o exenciones públicas. El resto de los casos es competencia exclusiva de 355 inspectores en activo para toda España. El 12 de marzo de 1989, el Ministerio de Trabajo comunicaba a los controladores que sus competencias quedaban indirectamente reducidas a los fraudes que se produzcan en los contratos en prácticas, de formación, mayores de 45 años, minusválidos, el contrato de relevo y el de menores de 26 años.

Quedan, pues, fuera de su control aquellas otras modalidades de contratación como el temporal de fomento del empleo, los de obra o servicio, sustitución de trabajo, acumulación de tareas y lanzamiento de nueva actividad. Valga como referencia las cifras del Instituto Nacional de Empleo (Inem), que reflejan que entre enero y octubre de 1989 se habían realizado 1,2 millones de contratos por obra o servicio, lo que supone el 28,1% del total de los realizados. En estas mismas fechas eran más de un millón las personas que se acogían a contratos eventuales y 340.928 a empleos temporales.

Por el momento, y hasta que no se desarrolle el acuerdo firmado entre el Gobierno, CC OO y UGT sobre el control sindical de la contratación, la vigilancia del fraude es competencia de la inspección de Trabajo. Para llevar cabo esta función, la Administración dispone de una plantilla limitada a diferentes niveles. Según un estudio interno, se prevé que cada año se van a crear 3 plazas para inspectores y 10 para controladores. lo que n significa que sean cubiertas al mismo ritmo. El año pasado, por ejemplo, sólo lograron pasar lo exámenes para controladores laborales 49 personas.

Además, profesionales de 1 Inspección de Trabajo denuncian que existe una descoordinación entre en Inem, la Tesorería de la Seguridad Social y la propia Inspección y que los cambio en la organización interna -implantación de redes informáticas etcétera- han entorpecido, además, su labor.

A veces, aunque la voluntad de la empresa sea la de cumplir con la ley, los documentos que han de rellenar no son todo lo útiles que deberían, "como por ejemplo los libros de matrícula de personal", según señalaba una de las fuentes consultadas en la Administración.

La desprotección de aquellos que trabajan en empresas con menos de 25 empleados en plantilla se ve potenciada por la estructura de las organizaciones sindicales en España- La afilia ción de trabajadores en estas sociedades es mínima.

Tal situación limita en la práctica la futura aplicación del control sindical de la contratación fundamentalmente en las pequeñas empresas, ya que concede este derecho a aquellos "representantes legales de los trabajadores", lo que exige al citado representante serlo tras un proceso electoral.