Unos más iguales que otros

Los Gobiernos autonómicos han comenzado a incluir en sus funciones la implantación de un ingreso mínimo para la población marginada. Actualmente, lo que se ha dado en llamar salario social es una realidad en siete comunidades autónomas mientras que se está negociando en dos más. Los criterios que definen quién es lo suficientemente pobre para recibir a fondo perdido un mínimo mensual y a cuánto ascienden estas rentas son diferentes en cada autonomía. En estos momentos el 36% de la población española no tiene reconocido aún este derecho.Por el momento, ya hay tres comunidades en las que el salario social está en marcha: Euskadi, Navarra y Cantabria. En otras cuatro, Madrid, Valencia, Andalucía y Cataluña ha habido recientes acuerdos que permitirán su implantación a lo largo de este año.

Otras dos comunidades, Asturias y Aragón, han dado su aprobación política y cuentan con previsiones para el salario social en sus presupuestos para 1990, pero no han tomado aún una decisión sobre su cuantía. En las restantes comunidades autónomas, el salario social está en periodo de negociación. En todos los casos, la cuantía del salario social ronda las 30.000 pesetas mensuales y, en cualquier caso, no puede superar el salario mínimo interprofesional. Con este salario, España está a la cola de Europa, donde se va de las 89.000 pesetas de Dinamarca a las 45.000 del Reino Unido.

En cada una de estas autonomías, la regulación del salario social es distinta. El caso de Navarra es el más antiguo, ya que desde 1982 dispone de ayudas económicas a familias y de programas de inserción en actividades públicas.

La primera autonomía en implantar el salario social en su acepción actual es el País Vasco, con la regulación de un ingreso mínimo familiar por un decreto de 1989 incluido dentro de un Plan Integral de la Lucha contra la Pobreza. Su cuantía era de 30.000 pesetas por unidad familiar, más 5.000 pesetas por cada miembro del hogar, y una duración máxima de 12 meses.

Requisitos

El consejero de Trabajo del Gobierno vasco manifestó recientemente su satisfacción por el funcionamiento del programa, al considerar que 600 de los 5.218 beneficiarios del salario social habían salido de la situación de marginalidad. Para percibir estos ingresos, los marginados deben comprometerse a salir de su estado de indigencia.Los requisitos para recibir estos ingresos mínimos varían según las comunidades. Resulta más dificil acceder a este derecho en Cantabria, donde se les exige estar empadronados desde hace más de cinco años, tener entre 26 y 65 años o ser menor con hijos a cargo y se les exige el compromiso de salir de la marginación. El techo más alto de edad es el del País Vasco, en donde se pueden tener hasta 67 años.

En la mayoría de las autonomías se insiste en que estos ingresos son de carácter familiar, el caso más explícito es el vasco, en el que el decreto expresa que "se dedica exclusivamente este ingreso a familias, dejando la atención a los individuos" a otros programas. En Andalucía el contenido hace referencia a "situaciones individuales y familiares".

En todas ellas se contempla la ayuda para menores de 25 años con hijos a cargo.

A la hora de establecer los ingresos mínimos, los hijos tienen un valor distinto en cada comunidad, aunque la mayoría establece que son 5.000 pesetas mensuales las que se dan por cada miembro de la familia, al margen del beneficiario. La tasa andaluza es de 4.000 pesetas por ascendiente o descendiente, y en Cataluña y Madrid pagan más por el primer hijo que por el último.

En la primera fase de la concertación cerrada el pasado viernes, el Gobierno central se ha negado repetidamente a asumir el salario social por considerar que no hace más que aumentar la marginalidad. Ese argumento no sólo ha sido repetido hasta la saciedad por el ministro de Trabajo, Manuel Chaves, sino también por la responsable del ministerio de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, quien ha sido aún más explícita al declarar ante los medios de comunicación: "Prefiero darles la caña y no el pez".

Al declinar el Gobierno central la responsabilidad sobre el salario social, ésta ha recaído sobre las autonomías. Sin embargo, las partes no se ponen de acuerdo respecto a quién corresponderían las competencias en el asunto. Los sindicatos han incluido la cuestión en las negociaciones sobre concertación.