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Tribuna:ANTE LA CONCERTACIÓN SOCIAL

La patronal ataca de nuevo

El autor del artículo hace una profunda reflexión sobre las posturas mantenidas por la patronal ante la concertación social y se pregunta si las manifestaciones realizadas por sus dirigentes responden también a los intereses de los conglomerados públicos y de los inversores extranjeros.

Uno de los efectos, a mi modo de ver, más extraños, y hasta preocupantes, que produjo la huelga del 14-D fue un cierto ofuscamiento de la patronal. Parecía como si no existiera, como si no fuera con ella la huelga. De la famosa triangulación del conflicto (Administración patronal-sindicatos) habíamos pasado a un estrafalario binomio. En una parte se encontraba el Gobierno, y en la otra, capitaneados por los sindicatos, casi todo el mundo.Casi todo el mundo exigía la concertación: empresarios, editorialistas, contertulios, radios libres y Prensa, revistas de información general, suplementos de televisión, órdenes religiosas, -políticos de derechas de toda la vida, artistas varios.... Todos. Quizá es que todos habían leído a Marx y recordaban aquello de "caminar separados, golpear juntos".

Pero, claro, con esto de la concertación pasa como con la igualdad, que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Y los que de verdad querían la concertación se pusieron a trabajar, y después de un cierto tiempo alumbraron la propuesta sindical prioritaria. Y por quien tenía que ser leída, se leyó; acusó recibo y entendió que no era tan extravagante y enloquecida como otros anunciaban. Era un trabajo serio que permitía una negociación pluridireccional y abierta, e introducía una nueva cultura negocial. La que podríamos denominar de negociación continuada.

Y así, los acuerdos empezaron a venir: pensiones no contributivas y, por último, el relacionado con el empleo y la contratación laboral Y a partir de aquí, mis queridos amigos, las cañas se tornaron lanzas. Los decididos partidarios de siente un obrero a su mesa se dieron el bote. Y en la junta de la CEOE del pasado 6 de febrero decidió la patronal española abandonar su letargo y pegar duro.

El casus belli, el que va a sindicalizar la economía.y llevar el caos a muchas empresas, no es otro que el acuerdo sobre empleo y contratación laboral, que parecehecho contra el empleo, y el Gran S21.tán pasa ahora a serlo Manolo Cliaves, que, como afirma un autorizado portavoz y encendido defensor de la concertación hasta la semana pasada, " esta temerielad gratuita constituye una salida hacia adelante en la difícil situación política por la que atraviesa un ministro, antes destacado asesor de la UGT". Poco presentable, en fin. Sirva al menos para saber quién está en un sitio y quién en otro, que no es poco.Acuerdo cortoDeberíamos ahora, al hilo de todo esto, procurar entender el repudiado acuerdo y reflexionar, si es posible, sobre la patronal española. El acuerdo es cortito, cuatro hojas a doble espacio, y se articula en tres puntos: F' Desarrollo de los derechos de información contenidos en los artículos 15.4 y 64.1 del Estatuto de los Tra.baj adores. 22 Creación de la coinisión de seguimiento de la contratación laboral. Y Y Medidas de colaboración con la Inspección de Trabajo.

Estos dos últimos puntos no han suscitado mucha contestación, ya que es práctica habitual la creación de comisiones de seguimiento tripartitas y porque desde hace ya muchos años la Inspección de Trabajo acostumbrOL a girar visita acompañada de los representantes legales de los trabajadores. Limitémonos, pues, al primero, que es el que provoca la oposición más radicaly absoluta.venían obligados a notificar a los representantes de los trabajadores la celebración de los contratos especiales y el tipo de contratación. "Pues miren ustedes, hemos celebrado 28 nuevas contrataciones; tres con el modelo de contrato a tiempo parcial, siete de fomento del empleo, cuatro de formación, etcétera".

En el futuro habrá que entregar la copia del contrato, en un plazo no superior a los 10 días de su formalización, a los representantes de los trabajadores, y así, éstos, conocida la jornada, el salario y las funciones pactadas, podrán comprobar su adecuación a la realidad y al Derecho.

Es una tontería minimizar la importancia del acuerdo. El cambio es importante, y con él se robustecen considerablemente los poderes sindicales en un momento laboral esencial, cual es el del ingreso en el mercado de trabajo. El disgusto de la CEOE puede ser hasta comprensible, pero dudo mucho que con esto "se inicie un proceso de sindicalización de la vida económica contrario al camino de los países de nuestro entomo, e incluso de los que había tras el telón de acero". Bueno, con independencia de que los países que había tras el telón de acero creo que aún no se han ido, esto me parece una exageración.

La verdad es que las discusiones sobre derecho comparado son inútiles y aborrecibles. Usted me dice que esto no se da en ningún país del mundo, y yo le respondo que el artículo 99 de la ley alemana del Consejo de Empresa establece la codecisión para los nuevos contratos en las empresasde más de 20 trabajadores; usted me dice que se está "sindicalizando la función pública", y yo le contesto que en Italia el presidente del INPS (nuestro INSS) tiene que ser necesariamente un sindicalista, y designado por los sindicatos. Y así, hasta el infinito, sin avanzar un solo milímetro.Problema de poderEl problema es otro, y siempre es el mismo. Es un problema de poder. Parece claro que con estas nuevas competencias los sindicatos serán más poderosos, y para evitar el anunciado caos de la economía española, ¿eso es bueno o malo?

Intentemos aclararnos; en España sólo hay 282 empresas comerciales e industriales con más de 1.000 trabajadores. Poquitas, demasiado poquitas. De ellas sólo 23 cuentan con más de 8.000. Nueve, encabezadas por Telefónica, Renfe e Iberia, pertenecen al sector público y agrupan el mayor número de trabajadores (66.000 Telefónica, 58.000 Renfe, 27.000 Iberia, etcétera). Nueve, fundamentalmente toda la automoción (Seat, Fasa, Ford, GM, Citroen ... ) son de capital extranjero. Y sólo cinco, la honrosa excepción de El Corte Inglés y algunas constructoras, son del sector privado español: el 21,7%.

Con una facturación superior a los 100.000 millones de pesetas, tan sólo encontramos 36 empresas comerciales e industriales, la presencia pública y de capital extranWero es apabullante.

ste es el top del capitalismoque existe en España, y sería quizá interesante saber qué prefiere, si sindicatos o sindicatitos. Los retos que se avecinan son demasiado importantes para pensar que se podrán afrontar sin la ayuda de sindicatos poderosos capaces de pactar y hacer cumplir lo pactado. Habrá que saber si estos señores piensan que el acuerdo lleva a nuestra economía inexorablemente al caos. A mí me da la sensación que esta polémica es más de leguleyos que de empresarios; normal, por otra parte, en una sociedad acostumbrada a la hiperjudicíalidad de las relaciones laborales.

¿Responden las recientes manifestaciones de la CEOE a los intereses de la patronal pública y de los ínversores extranjeros? No sé, pero sería bueno que se pronunciaran al respecto los responsables del INI, del INH o del área de Transportes y Comunicaciones, y no sería malo recordar que en una reciente votación sobre la Carta Social Europea las patronales de nuestros partners más cualificados (RFA, Francia, Holanda, Italia, etcétera) votaron de manera distinta a la CEOE.

No es que se intente así poner mínimamente en duda la representatividad de la CEOE, de constitución y funcionamiento democráticos. Aún más, pienso que es merecedora de reconocimiento público, pues tanta importancia social tiene la consolidación de la patronal como la de los sindicatos, y la verdad es que ambos se complementan: a sindicatos fuertes corresponden patronales fuertes, y a patronales débiles, débiles sindicatos.

Y no es menos cierto que para su nacimiento ha debido la CEOE superar enormes dificultades, propias de un país ayuno casi de cultura industrial y de práctica empresarial asociativa. Pero ello no empece para que se mantenga una cierta alergia representativa por parte de los grandes nombres de la industria, la banca y el comercio; que piensen que se trate de una cuestión de importancia secundaria.

Marcos Peña es inspector de Trabajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de febrero de 1990