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El Estado deberá indemnizar a un industrial por paralizarle un hotel

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condena al Estado a indemnizar con más de diez millones de pesetas al Industrial asturiano José García Álvarez, promotor de la construcción de un parador de turismo en la localidad de Islares (Cantabria), cuyas obras vio paralizadas por la delegación del Gobierno de esta región en marzo de 1989.García Álvarez había, logrado cinco años antes una licencia de la comisión regional de urbanismo y también tenía en regla los papeles requeridos por el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Las obras estaban presupuestadas en 45 millones de pesetas.

Funcionarios del MOPU denunciaron los trabajos en curso al estimar que se carecía de permiso del ministerio y además el terreno quedaba dentro del trazado de la futura autovía del Cantábrico. La delegación del Gobierno tardó escasos días en parar las obras emprendidas en las proximidades del kilómetro 153,685 de la carretera nacional 634 de La Coruña a San Sebastián.

El acuerdo fue recurrido en alzada por el empresario en mayo del mismo año y que entendió rechazado por silencio administrativo.

La sentencia considera relevante que toda la tramitación del expediente sancionados se limitara a la mera denuncia transformada inmediatamente en pliego de cargos y orden de paralización.

Según el magistrado Manuel Campos, el MOPU estaba obligado en plazo de dos meses a derribar o legalizar el edificio en construcción. Sin embargo, la Administración permaneció impasible tras paralizar las obras, no respondió al recurso de alzada y tampoco a las peticiones formuladas de información sobre el trazado de la autovía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de febrero de 1990