Control sindical

EL PRESIDENTE de la patronal, Jose María Cuevas, ha anunciado su intención de emprender una batalla legal para impedir que llegue a aplicarse el acuerdo suscrito por el Gobierno y las centrales sindicales sobre el control por éstas de los contratos de trabajo. En su opinión, ese acuerdo, que considera anticonstitucional, supone el imayor ataque contra la libertad de empresa registrado en España, hasta el punto de abrir paso, nada menos, a la sovietización de las relaciones laborales. Ha añadido que la única explicación de que un ministro firme tal cosa es que el de Trabajo era víctima de un ataque de delirium tremens. A esas conclusiones lingüísticas ha añadido un argumento más racional: Gobierno y sindicatos han seguido una política de hechos con,sumados, pactando por su cuenta algo que afecta directamente a la paltronal.Cuevas tiene la razón en esto último, pero al plantearlo en relación a lo que él considera ataque a la libertad de empresa, concluye de facto que su oposición lo es no tanto a la forma como al contenido del acuerdo. Éste viene a responder a la inquietud reiteradamente expresada por los sindicatos sobre el fraude existente en la contratación temporal. En 1989 se crearon en España, según acaba de informar el ministro Solchaga, 495.000 empleos, es decir, más de 1.300 al día. Una gran parte de esos empleos son precarios: actualmente, casi el 30% de los asalariados, el doble que en 1987, tiene contratos temporales. Todos los intentos de concertar una política de empleo a medio plazo han chocado con la resistencia sindical a avalar planes de subvención a la contratación que, decían, favorecen la precariedad y abaratan el coste de trabajo en beneficio de los empresarios y sin contrapartida alguna. Las centrales simplifican en exceso: la experiencia internacional indica que, tras una fase de aguda recesión, la flexibilización de los sistemas de contratación es condición imprescindible para la creación de empleo. Pero los argumentos sindicales sobre los fraudes cometidos en la contratación, con frecuencia al amparo de una legislación que contempla un abanico desmesurado de posibilidades - 14 o 15 formas diferentes de contrato laboral-, también están basados en la experiencia.

La aceptación del punto de la plataforma sindical relativo al control sindical de las contrataciones -más precisamente, sobre la obligación de informar sobre ellas a las centrales con presencia en la empresa- se presentaba como la condición para desbloquear la negociación sobre políticas de empleo. Ello supone un importante reforzamiento del poder social de los sindicatos y, por lo tanto, de vertebración de la sociedad. Por un lado, favorece la afiliación en las pequeñas empresas, las que crean más puestos de trabajo. Por otro, afianza la influencia sindical en las empresas medianas y grandes. En conjunto, estimula la perestroika de las centrales en el sentido de desplazar su centro de gravedad del sector público a las empresas privadas, y de la batalla política a la propiamente sindical. Algunas de las distorsiones del mundo sociolaboral en los últimos años tienen su origen en la debilidad de las centrales en las empresas, manifestada en la secuencia: escasa afiliación-déficit de representatividad-capacidad reducida de negociación-explosión conflictiva; debilidad que ha tendido a compensarse con iniciativas de otro tipo, de las que el 14-D constituye el emblema (y tal vez el canto de cisne). En los países con mayor tradición sindical -y con mayor nivel de afiliación en las empresas-, la intervención de los sindicatos en la contratación estaba establecida desde hace años, y, de hecho, ese principio figuraba ya en el Estatuto de los Trabajadores.

El acuerdo tiene, por tanto, poco de soviético, y podría, en cambio, contribuir a clarificar las relaciones laborales dentro de las industrias y a sindicalizar la acción de las centrales. La desmesurada reacción de Cuevas significa que también en el mundo patronal se hace urgente una perestroika. Si es cierto que los sindicatos deben olvidar la política y dedicarse a defender las condiciones de trabajo de sus representados, no menos conveniente resultaría que la patronal se acostumbrase a negociar sin ventajismos.