Una red corrupta de militares y civiles robó material al Ejército por valor de cientos de millones de pesetas

Equipos por valor de varios cientos de millones de pesetas han sido sustraídos al Ejército, en los dos últimos años, por una red de corrupción civil y militar con centro en Fuenlabrada (Madrid), según fuentes próximas a la investigación. Ya han abierto diligencias, en relación con este caso, juzgados militares de Madrid, Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza; pero las pesquisas podrían extenderse, al menos, a tres provincias más. Algunos de los equipos y uniformes robados en cuarteles españoles han sido exportados a la India, Centroamérica y países europeos, como el Reino Unido.

El juzgado togado militar número 14 de Madrid ha procesado hasta ahora a 11 militares -cuatro tenientes y siete suboficiales- como implicados en un robo masivo de equipos militares de todo tipo (uniformes, botas, cascos, tiendas de campaña, etc), a excepción de armamento. Los procesados, que estuvieron encarcelados durante un mes en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), fueron puestos en libertad, aunque se les ha exigido una fianza de hasta 11 millones de pesetas (ver EL PAÍS del 22 de diciembre pasado).Las diligencias sobre el más importante caso de corrupción descubierto hasta ahora en las Fuerzas Armadas españolas se circunscriben a los años 1987 y 1988, a pesar de que todo apunta a que la red venía funcionando desde mucho antes. Las investigaciones se abrieron en 1987, a iniciativa del capitán general de la Región Militar Sur, después de que se interceptara una furgoneta cargada de uniformes a la salida del parque de intendencia de Sevilla.

El cargamento tenía como destino una empresa, propiedad de los hermanos Arjonilla, ubicada en la localidad madrileña de Fuenlabrada. En tres almacenes pertenecientes a dicha empresa, dos en Fuenlabrada y un tercero en el cercano municipio de Morajela de Enmedio, se requisaron toneladas de material propiedad del Ejército, en su mayor parte sin estrenar, procedente de toda España. Sólo de determinadas fundas de armamento se encontraron más de 35.000 unidades

Juegos de guerra

El trabajo de la Policía Judicial, que grabó en video algunas de las operaciones e intervino los teléfonos de varios de los procesados, permitió identificar a los militares implicados en la red y dió lugar a la apertura de diligencias en juzgados castrenses de Madrid, Sevilla, Valencia, Burgos y Zaragoza. Las investigaciones no han concluido, pero los actuales datos apuntan a la apertura de nuevos sumarios en otras tres provincias.Los propietarios de los almacenes vendían parte del material robado en el mercado callejero de El Rastro (Madrid); algunas partidas eran revendidas al propio Ejército y otras, se exportaban al extranjero. La Policía ha podido comprobar operaciones de exportación ilegal a la India, Centroamércia y algunos países europeos, como el Reino Unido. En este último caso, las compradoras eran empresas dedicadas a organizar los juegos de guerra de moda entre los ejecutivos.

Según fuentes próximas a la causa, entre los militares implicados se dan dos tipos de conducta: la de quienes obraban por lucro personal, quedándose con el beneficio de la venta; y la de quienes, de forma ilegal, vendían material sobrante de las unidades para adquirir otro más necesario que, por los procedimientos regulares, tardarían mucho en obtener.

Ambas formas de proceder están, sin embargo, igualmente contempladas en el artículo 195 del Código de Justicia Militar, que castiga con penas que van de los tres meses a los 10 años de cárcel a los militares que sustraigan material bajo su custodia o responsabilidad. El artículo 197 del mismo código castiga con hasta seis años de prisión a los que adquieran el material robado a la hacienda militar, "con conocimiento de su ilícita procedencia".

El juzgado militar de Madrid no ha procesado todavía a los dos civiles propietarios de los almacenes, aunque fuentes conocederas del proceso estiman que esta decisión se adoptará en cuanto lo servicios técnicos del Ejército concluyan una inventario completo y una valoración global de los equipos sustraídos, labor que se está realizando actualmente. Las diligencias no han podido determinar la existencia de relación alguna entre los militares implicados, más allá del hecho de que todos ellos vendieran los uniformes y equipos a los mismos almacenistas.

Uno de los problemas con que tropieza la investigación judicial es la multiplicidad de juzgados que entienden del caso. La Justicia militar está organizado territorial y jerárquicamente, de forma que un sumario con implicaciones en toda España sólo puede ser asumido por un juzgado central cuando en el mismo aparece implicado un militar con empleo igual o superior al de comandante. Esta circunstancia podría estar, sin embargo, a punto de producirse, ya que el juzgado de Sevilla ha remitido sus diligencias a un juzgado militar central; de lo que se deriva la presunta implicación de un jefe del Ejército.