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Tribuna:

El bumerán

El penoso espectáculo del otro día en el pleno de las Cortes ha traído a mi memoria una curiosa anécdota que viví, hará tres semanas, con dos ilustres historiadores que me acompañaban, en taxi, de extremo a extremo de Madrid. Uno de ellos, que se había acomodado en el asiento delantero, junto al conductor, sacó a colación como tema de charla (el largo recorrido daba tiempo para todo) el espacio televisivo Punto. y aparte, que la noche antes se había dedicado, como ustedes recordarán, a la situación creada por la movida en la Europa del Este -con participación a distancia del presidente del Gobierno rumano-, entre personalidades muy destacadas de Francia (Régis Debray), de Italia (el secretario del Partido Comunista Italiano) y de España (el vicepresidente, Alfonso Guerra). La charla tenía que derivar, por supuesto, hacia el tema de rabiosa actualidad -ya saben ustedes cuál-, e incidió -ponderadamenteen el "linchamiento político" de que el señor Guerra se estimaba víctima. En ese momento, el taxista, que hasta entonces se había comportado con corrección, esto es, guardando silencio, tomó la palabra para espetamos la siguiente sentencia: "En ese coloquio faltaba un invitado, el más importante". En medio de la confusión, un poco molesta, que suscitó aquel inciso, alguien preguntó al taxista que quién era, en su opinión, el invitado ausente. "Faltaba el pueblo, señores", fue la enfática respuesta. Esta salida -la apelación al pueblo, así, en abstracto- siempre resulta tendenciosa y falsa: detrás del pueblo se esconde, por supuesto, sólo el individuo que habla, atribuyéndose gratuitamente la representación de la amplia y difusa "masa popular" e ignorando, por ejemplo, lo que ese pueblo expresa en elecciones libres, a través de una mayoría. Con ironía me limité a advertir: "El pueblo no hubiera cabido en el estudio de TVE". Pero como si no escuchara, el espontáneo continuó: "El pueblo odia a ese señor" (ese señor era Alfonso Guerra). Y a renglón seguido amplió el ámbito de los odiados.- aparecieron, entre otros, Boyer, Solchaga... y un largo etcétera. Para evitar el chapoteo en la charca de una demagogia barata, di giro a la conversación. Pero me quedó dentro una preocupación latente, infandida por las palabras del taxista.Porque, en el fondo, aquella declaración no dejaba de ser un mínimo test que reflejaba, cuando menos, dos hechos muy reales. Uno, el descrédito de la clase política -rechazada desde posiciones de ultraderecha, pero también desde el fondo de esa oscura ideología, de raíz anarquista, tan difundida en España entre variadísimos estratos sociales- Otro, la sensibilidad extrema del español medio para determinadas acusaciones acerca de supuestos negocios sucios de los que gobiernan. Aquí todo el mundo está dispuesto a admitir, a las primeras de cambio, que los de arriba, en bloque, son unos sinvergüenzas que utilizan el poder para forrarse. Y no se hacen distingos: "Todos son iguales", "cada cual va a lo suyo". A lo cual hay que añadir algo más: la irresponsabilidad con que, de inmediato, las imputaciones concretas se transforman y se amplían. Si Juan Guerra ha utilizado su apellido para prosperar, se da por supuesto, de inmediato, que su hermano es el primer pringao. Y por este camino, introducir la sospecha sobre los otros ministros y, por supuesto, sobre el mismísimo jefe del Gobierno, amigo íntimo de Alfonso Guerra, es cosa fácil.

De aquí que resulte tan necesario extremar la pulcritud más exquisita en la conducta privada como en la pública en cuanto se alcanzan determinadas esferas en la Administración del Estado. En la discusión parlamentaria en tomo a las responsabilidades presuntas de Alfonso Guerra, lo que había que aclarar -y no se aclaró- era si el vicepresidente había autorizado a su hermano, no para que realizara negocios más o menos discutibles (y en los que él no entraba), sino para que le fuera fácil realizarlos situándole en una plataforma oficial (el famoso despacho).

Don Alfonso Guerra, cuya escasa apetencia por el dinero y por los negocios que llevan a él parece probada, debió reconocer, humildemente, que aquello fue, por lo menos, un grave patinazo. No lo hizo, sino que se empeñó en repetirnos que él estaba al margen de cualquier negocio sucio, y, como no podía sacudirse la imputación de haber facilitado, mirando hacia otro lado, los de su hermano, se dedicó a lanzar acusaciones arriesgadísimas, en el terreno del tráfico de influencias, contra los otros líderes de la oposición (alguna tan ridícula como la carta "de recomendación" al señor Aznar: carta que, por caminos que hubiera debido aclarar, obraba en su poder, en copia que exhibió ante la Cámara). Así, lo que hizo el señor Guerra no fue contestar a lo que tenía que contestar, sino contribuir eficazmente al descrédito de toda la clase política en su conjunto. En ese sentido, el daño que el señor Guerra ha inferido a la democracia, por lo general siempre mal entendida a nivel popular, no ha podido ser mayor; y de eso sí que cabría ahora acusarle en primerísimo lugar.

Si hubiera un mínimo de elegancia en los comportamientos de este caballero, habría empezado por dimitir para, ya fuera del escabel de la vicepresidencia, reclamar, a cuerpo limpio, luz y taquígrafos. Luego, en caso de no quedar sombra alguna acerca de su conducta, su retorno podría haber sido triunfal. En lugar de ello, no sólo no ha dimitido, sino que se ha esforzado en extender las sombras -la suciedad- sobre sus enemigos. Uno recuerda otros tiempos y otros sistemas. Allá en los días de la República, don Alejandro Lerroux, no alcanzado personalmente por el famoso affaire del estraperlo, aunque sí'indirectamente en la persona de su hijo adoptivo y en la de algunos miembros de su partido (y por cierto que las acusaciones no rebasaban de pequeños sobomos, un alcance ridículo), se apresuró a presentar la dimisión como presidente del Gobierno. El estraperlo, lanzado como bumerán contra la situación centro-derecha, a la larga liquidó a la República, porque minó la fe de un amplio sector social en los políticos que había votado en las elecciones de 1933. Doce años antes, los inflindados rumores en tomo a la supuesta conducta venal de un gran ministro (Santiago Alba) habían sido un estímulo indudable para arruinar el crédito del último Gobierno parlamentario de la monarquía, y se habían convertido en argumento fundamental para el general que trajo la Dictadura. Y la Dictadura, también es sabido, liquidó a la larga a la monarquía. (Y conviene aquí recordar que si la luz y los taquígrafos no faltaron en las Cortes republicanas, la Dictadura, una vez comprobado judicialmente que las acusaciones contra Alba no tenían fundamento, se calló bellacamente para no quedar mal. Si se analizase el tráfico de influencias tal como funcionaba en tiempos de Franco, la historia sería interminable; pero no trascendía a los medios de comunicación. Lo digo para que no haya equívocos por ese lado).

El señor Guerra se ha pasado la vida -en la oposición y en el poder- lanzando invectivas e injurias irresponsables contra sus adversarios; él no se mordía la lengua -sin duda, para no envenenarse-. Dejó siempre, tras sus soflamas, como estela pestilente, una atmósfera de sospechas y menosprecio en torno a los políticos "de enfrente", ya que su propio partido se defendía por sí solo, apelando simplemente a los "cien años de honradez" y a los viejos patriarcas, desde Pablo Iglesias a Largo Caballero. Pero ya el socialismo gobemante no aparece impoluto: ahí está la opinión, entre tantísimas, del taxista con que abría este artículo. Y el bumerán se ha vuelto contra el que lo lanzaba. Fiel a sí mismo hasta el final, Alfonso Guerra ha utilizado la coyuntura para emporcar, sin razones reales, a sus atacantes.

Esperábamos, los que siempre hemos subrayado las cualidades de estadista de don Felipe González, que él al menos acertase a distinguir entre sus presuntos deberes de amistad y los, mucho más altos, que tiene con respecto a su partido y al país que gobierna. Se ha empeñado en identificar su suerte política con la de su íntimo amigo, sin percibir que hacía así un flaquísimo servicio a la democracia, aparte dar la razón plenamente a los que venían sosteniendo que no cabía distinguir entre Felipe y Alfonso, porque uno y otro no eran más que una misma cosa, y las diferencias de estilo que los separaban, pura táctica, acordada fríamente.

Y no me digan -el uno y el otro- que tienen tras de sí la mayoría que les depararon las urnas hace cuatro meses. Si ahora mismo se celebraran nuevas elecciones, estoy seguro de que el resultado sería muy distinto del registrado en octubre. Las próximas, de Andalucía, lo demostrarán muy pronto: ya lo veremos.

Carlos Seco Serrano es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de febrero de 1990