La designación de un nuevo tribunal para el 'caso Amedo' desbloquea los procesos contra los GAL

Alfonso Villagómez, de 57 años; José Antonio Jiménez-Alfaro, de 58, y José Antonio Marañón, de 58, son los tres magistrados de la Audiencia Nacional designados para integrar el tribunal encargado de juzgar a los policías José Amedo y Michel Domínguez por su participación en la organización de crímenes cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Este tribunal, que es el cuarto en cuatro meses, no es el definitivo, pues próximamente deberá producirse la sustitución de uno de los magistrados, pero al menos desbloqueará los dos procesos contra los agentes, que están paralizados desde el mes de octubre pasado.

La designación de los miembros del nuevo tribunal fue realizada por el presidente de la Sala de lo Penal, Alfonso Villagómez, de acuerdo con un polémico criterio establecido por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, que preside su titular, Fernando de Mateo. El relevo en el tribunal del caso Amedo fue motivado por el fuero que la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado otorga a los policías y por el imperativo constitucional de que los magistrados que instruyen un sumario no pueden intervenir en el juicio correspondiente.La norma de sustitución acordada por la Audiencia Nacional fue: "Cuando un magistrado de la Sala de lo Penal se halle impedido legalmente para actuar será sustituido por el magistrado de la sala que le siga en antigüedad dentro de la misma sala".

Texto extraño y forzado

Este criterio fue aprobado en el mes de octubre y ya entonces fue calificado en medios jurídicos como inusual, extraño y forzado, aunque legal. La originalidad de la Audiencia Nacional radicaba en la interpretación del concepto de antigüedad como el tiempo transcurrido desde la toma de posesión como magistrados de la Sala de lo Penal. Magistrados del Tribunal Supremo precisaron que en todos los textos jurídicos, la antigüedad es la que figura en el escalafón de jueces y magistrados, y nunca la de llegada a la sala. La composición del nuevo Tribunal resultó alterada.

Aunque en octubre el criterio de sustitución fue aprobado por unanimidad de los presentes en la Sala de Gobierno, el pasado 17 de enero el acuerdo tuvo que ser ratificado para el año 1990, pero, curiosamente, la decisión ya no fue unánime, sino con los votos en contra de Alfonso Villagómez y Roberto Hernández, que son los dos únicos magistrados de la Sala de lo Penal que forman parte de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Tras el rosario de sustituciones y recusaciones, salen del Tribunal: Jerónimo Barnuevo, de 72 años, magistrado ya jubilado que fue recusado por el fiscal por considerar que había intervenido en la instrucción, y Javier Gómez de Liaño, de 41 años, al que correspondía formar parte de la sala si se hubiera interpretado correctamente la antigüedad y que fue designado sustituto tras la recusación de Barnuevo.

Villagómez entra ahora a formar parte de la sala, como le correspondía desde un principio, por estricta aplicación de la ley. Tiene categoría de magistrado del Supremo y fue presidente de la sala que inició el juicio contra José María Ruiz Mateos. Su pertenencia al tribunal, sin embargo, se anuncia como provisional, ya que en breve deberá salir a concurso la plaza de presidente de la sección tercera, pues su titular, Juan Orbe, se encuentra en trámite de jubilación anticipada.

El relevo de Orbe será sin duda Roberto Hernández, magistrado de la misma sección, que ocupa uno de los primeros puestos en el escalafón. Lo que ocurre es que Hernández, a su vez, dejará una vacante que tendrá que ser ocupada por otro magistrado, y éste no estará impedido para juzgar a Amedo. Ello dará lugar a que Villagómez o Jiménez Alfaro salgan del tribunal en beneficio del nuevo. Pero todo ello no será antes de varios meses.

Desbloqueo

La existencia de tribunal desbloqueará los dos procesos existentes contra Amedo y Domínguez, el sumario principal (1/88), en el que están acusados de reclutar mercenarios, organizar y financiar atentados de los GAL contra los bares Batzoki y La Consolation, del País Vasco francés, y el 9/89, donde están procesados por el asesinato del prófugo del servicio militar Juan Carlos García Goena. Ambos casos estaban paralizados desde octubre, tras la conclusión de los sumarios por las sucesivas designaciones de tribunal y las correspondientes recusaciones de magistrados, que todavía no han sido resueltas.

A partir de ahora se podrá dar plazo para calificación jurídica de los hechos, paso indispensable para que el juicio se celebre. En medios jurídicos se estima, que de no producirse nuevos retrasos, los juicios contra los policías Amedo y Domínguez podrían celebrarse antes de final de año.

Sin embargo, antes del juicio, el tribunal deberá pronunciarse en julio de este año, cuando se cumplen los dos años desde que los policías ingresaron en la cárcel de Guadalajara, si se prorroga o no la prisión preventiva de los agentes procesados.