Cemento armado

La venta del 13,5% del capital de Valenciana de Cementos -por parte de la familia Serratosa con el apoyo de la familia Garnica- al grupo noruego Aker hace justamente dos meses supuso un torpedo en la línea de flotación del gran proyecto de Mario Conde de crear una corporación industrial que controlara las participaciones del banco de un grupo cementero que tiene una gran capacidad para generar recursos. La pugna, trasladada a los tribunales, tiene todos los ingredientes de cualquier batalla empresarial del capitalismo financiero de fin de siglo y sería moneda común en países como Estados Unidos o el Reino Unido.

Como en todo golpe de mano financiero, el factor sorpresa es vital. Hay que coger al contrincante por la espalda para ser efectivo. José Serratosa dimitía como consejero de Banesto cuatro días antes de que estallara el polvorín. Banesto no descubrió la venta hasta que no estaba cerrada y no le quedó otra opción que pedir la nulidad de la misma con el argumento de que se hizo de espaldas al consejo de Cementos del Atlántico dónde estaban la mayoría de esas acciones que los Serratosa y los Garnica vendieron a Aker, socio tradicional de la empresa. José Serratosa constesta que tiene los poderes del consejo para vender. Además controla los consejos de Valenciana y Cementos del Atlántico por lo que Conde choca contra un muro. El argumento central de esta historia es sencillo. Conde quiere controlar desde su futura Corporación Industrial el primer grupo cementero nacional y la tercera generación de los Serratosa, fundadora de la empresa en 1917 con un millón de pesetas de capital social, no quiere convertirse en empresarios sin mando ni asalariados de lujo del presidente de Banesto.Tras la venta, la pelea entra en el terreno legal en un intento de deshacer lo que estaba hecho. El banco pide la nulidad de la operación por entender que no está aprobada por el consejo. Se celebran dos nuevos consejos el 12 de diciembre llenos de tensión para votar la venta. Ganan los Serratosa por tres votos a dos en Cementos del Atlántico y seis a cuatro en Valenciana.

Las juntas de accionistas de Cementos del Atlántico y Cementos del Mar celebradas una semana después son dos calcos de los consejos, con el agravante de que quitan los poderes al consejero de Cementos del Atlántico, Salvador Salort, antiguo administrador de Antibióticos, hombre cercano a Conde y personaje clave en la operación de reordenación accionarial que quería abordar el banco en el grupo cementero. Banesto y los Serratosa entran en una pugna jurídica para la que se dotan de equipos de profesionales especializados. Ambos declaran que les asiste la razón y que pretenden ir hasta el final. Por ambos lados se recurre a la CNMV como autoridad financiera. Banesto pide a la Comisión que aclare si Aker supera el límite legal para lanzar una OPA por el total del capital mientras que los Serratosa piden que se investiguen las compras que ha hecho el banco y que le ha dado el control de un 44% de Valenciana.

A finales de diciembre, mientras los trámites legales siguen su curso, el banco se acerca a Aker para convencerle de que Banesto es realmente quien interesa a la cementera noruega y se le ofrece un acuerdo global cuyos puntos no han transcendido. Aker no acepta la propuesta y parece más firme que antes a seguir aliado con los Serratosa. Comienzan a buscar acuerdos comerciales en otros países y a estudiar fórmulas jurídicas para sellar su pacto de caballeros.

Banesto, tras pedir un dictamen profesional donde se demuestra que no tiene los puestos en los consejos en las principales cementeras del grupo que le corresponden por capital, espera el acto de conciliación de la demanda que pide la nulidad de la venta a Aker. Este acto se celebra el 15 de enero sin acuerdo como, era previsible. El banco argumenta que ha sido un acto de buena voluntad y presenta la querella criminal que venía anunciando como segunda arma jurídica.

La batalla de Sanson

Mientras esto ocurría, se ha librado una batalla subterránea en Sanson, una de las cementeras del grupo en la que los Serratosa y Conde han estado jugando al ratón y al gato para ver quien podía hacer más daño al otro. Los Serratosa quieren ampliar su participación, pero al ver que una OPA por la mayoría saldría muy caro, suben el valor de los títulos para encarecer una posible OPA de Banesto. Ahora la CNMV ha de contestar una petición de los Serratosa para que investigue la participación de Banesto por si estuviera incurriendo en el límite legal a partir del que debe lanzar una OPA. Ésta es la reacción de los empresarios levantinos a la querella de Banesto. Los equipos jurídicos están en su salsa. Los representantes de los Serratosa adjudican a Rafael Pérez Escolar, consejero del banco, el papel de impulsor de la querella. Los motivos de la querella criminal son falsicación de documento mercantil, dinero negro no ingresado en caja y delitos fiscales, mientras queda fuera la venta a Aker.La querella criminal presentada por cinco consejeros y ejecutivos de empresas del grupo, y que se dirige contra otros nueve consejeros y ejecutivos de empresas del grupo, ha sido admitida a trámite y ha sido el juez Garzón quien ha ordenado la intervención y ocupación de los libros del grupo Valenciana. Banesto, que ha conseguido una victoria parcial en este tema, dice que al final ganará esta guerra, para lo que será necesario ganar batalla a batalla. Fuentes del banco dan entender que es importante no enseñar las cartas en esta partida de ajedrez de movimientos perfectamente estudiados, y dicen que nunca han negado un acercamiento a Aker.

Ahora, mientras los tribunales dilucidan con el ritmo lento que suele acompañar a estos procesos legales, la batalla sigue su curso ante la CNMV, en los consejos de administración, en los medios de comunicación, y en todos los frentes que sean precisos para salvar el control de una compañía cabecera del grupo.