Los colaboradores de Ceaucescu admiten su culpabilidad

El primer juicio contra colaboradores del dictador rumano Nicolae Ceaucescu comenzó ayer en Bucarest con la confirmación de la plena complicidad de todo su buró político, excepto el general Milea, en las matanzas de la ciudad de Timisoara. Los ahora juzgados no podrán ser condenados a muerte, debido a la abolición de la máxima pena días después del fusilamieto de Ceaucescu. Un referéndum sobre la reinstauración de la pena de muerte, prometido por líderes del FSN hace dos semanas, fue suspendido.

ENVIADO ESPECIAL

El juicio, que ayer duró 25 minutos, y que continuará mañana, se abrió en vísperas del primer gran reto que encara el Frente de Salvación Nacional desde la toma del poder en la revolución de diciembre. Diversas fuerzas han convocado una manifestación en Bucarest en contra de la decisión del Frente de presentarse a las elecciones, que revela sus cada vez mayores tentaciones de aprovechar el capital político de la revolución para perpetuarse en el poder con ayuda de las estructuras de la dictadura. En los últimos días se han producido manifestaciones diarias de protesta ante la sede del Frente en la capital rumana.Son ya numerosos los miembros fundadores del Frente que se han alejado del mismo por este motivo. Los últimos han sido la escritora Doinea Cornea, una de las máximas autoridades morales en la oposición a Ceaucescu, y Dumitru Mazilu, uno de los principales dirigentes de la fuerza revolucionaria, que ha acusado al poder bajo Ion lliescu y Silviu Brucan de querer preservar una dictadura sin Ceaucescu. Mazilu acusó al FSN de "utilizar métodos estalinistas".

Nuevas leyes, como una de protección de la integridad y el honor de las personas al servicio del Estado, que castiga unas ofensas tan ambiguas como el "asalto verbal" que pronto podría incluir las críticas a los órganos del Estado, han fortalecido la impresión de que los líderes del FSN entran en una "peligrosa realpolitik" que podría congelar el proceso democratizador en aras de una estabilidad propia.

Como gran argumento legitimador de su poder utilizan el capital político que supone para sus siglas el haber sido la fuerza directriz de la revolución y la que terminó con la banda de Ceaucescu. Miembros de la Securitate y dirigentes locales y estatales directamente implicados en la política represiva de Ceaucescu y en sus intoxicaciones informativas, en órganos de prensa, embajadas y organismos estatales, siguen mientras tanto en sus puestos.

Un mes después del juicio y ejecución de Ceaucescu y su mujer Elena, comparecieron ayer ante el tribunal en la Academia Militar de Bucarest, cuatro de los más destacados directores del aparato de represión y estrechos colaboradores del dictador. Tudor PosteInicu, 58 años, ex ministro del Interior; Emil Bobu, 62 años, secretario del Comité Central y de hecho número tres del régimen tras la pareja de dictadores; el viceprimer ministro Ion Dinca, 61 años; y el vicepresidente de la República, Manea Manescu, 73 años.

El fiscal leyó una declaración, según la cual, los cuatro habían firmado una declaración en la que se reconocían culpables de complicidad en el asesinato masivo de sus compatriotas.

Ayer sólo prestó declaración ante el tribunal militar Ion Dinca, quién aceptó su plena responsabilidad en el "baño de sangre", intentando explicarlo con el hecho de "haber sido un cobarde", por no presentar cara al dictador en la reunión del consejo ejecutivo en el que se decidió la matanza de Timisciara "el día 17 de diciembre, a las 17 horas".

El que fuera viceprimer ministro del gobierno confirmó que en aquella reunión Ceaucescu había amenazado con su dimisión en caso de no ser respaldado plenamente en la decisión de reprimir por las armas las protestas.