Valer para un roto y un descosido

EL NOMBRAMIENTO de Leopoldo Torres Bour sault como fiscal general del Estado tras haber sido el candidato in péctore del partido socialista a presidente del Senado da fe de la vigencia social del dicho popular que atribuye a determinadas personas u objetos la asombrosa capacidad de servir para supuestos tan distintos como un roto y un descosido. Que el antiguo secretario y vicepresidente primero del Congreso pueda regir con la misma soltura y pericia dos instituciones tan distintas como el Senado y la Fiscalía General del Estado no tiene nada de malo. Más bien al contrario, esta versatilidad constituye una cualidad que, por lo que se ve, no ha pasado inadvertida para quienes han considerado su persona perfectamente intercambiable en uno u otro puesto de responsabilidad. Pero las circunstancias de este nombramiento -producido a continuación de la no obtención por Torres Boursault de un escaño de senador- y los criterios aleatorios en que parece fundamentarse lo impregnan de un inconfundible tufo a premio de consolación que repercute inevitablemente en una devaluación de ambas instituciones.Porque, en definitiva, esta manera de proceder parece responder a una visión unívoca de unas instituciones del Estado que tienen, sin embargo, unos específicos y diferenciados contornos constitucionales, como ocurre claramente con el Senado y el ministerio fiscal, ubicada una en el ámbito del Legislativo y la otra en una zona intermedia entre el poder judicial y el ejecutivo. Y salvo que lo que se pretenda con este tipo de nombramientos sea servir a intereses distintos -o no exactamente coincidentes- a los de la institución, parece lógico que se tuviera un exquisito cuidado en que la persona designada para regirla fuera la más adecuada a su naturaleza y funciones.

A su reconocida preparación jurídica, Leopoldo Torres Boursault une una experiencia política nada desdeñable y una conducta militante de fidelidad a toda prueba al PSOE. Lo que no repugna a los planteanúentos y a la lógica del sistema parlamentario choca, sin embargo, con las exigencias de apartidismo e independencia del ministerio fiscal, sometido en su actuación a criterios de legalidad e imparcialidad y cuya misión en defensa de la legalidad y de otros valores constitucionales puede colisionar a veces con intereses coyunturales del Gobierno. Pero quizá el quid de la cuestión esté en que lo que muchos juzgan una contradicción y, en cualquier caso, una inconveniencia, el Gobierno no lo considera en absoluto tal, sino más bien elemento esencial de una concepción del ministerio fiscal según la cual los criterios de oportunidad política prevalecen sobre los estrictamente legales y jurídicos.

Una concepción que los socialistas han tenido tiempo de perfeccionar desde el nombramiento en su primera etapa de gobierno de un jurista independiente de fuertes convicciones democráticas al frente de la Fiscalía General del Estado -el magistrado Luis Burón Barba- hasta su sustitución en 1986 por el ex ministro socialista Javier Moscoso, que, si bien fiscal de carrera, ha desarrollado una actividad pública más al servicio de la política que de la justicia, como se ha hecho palpable con su discutida actuación en el famoso caso Amedo. Cuatro años después se reproduce lamentablemente el mismo esquema en el nombramiento de su sustituto.