Relaciones agrarias sin Gobierno

Durante muchas décadas, la Administración ha sido la principal protagonista en la elaboración y aplicación de la política agraria, pero en estos momentos el Ministerio de Agricultura ha visto limitadas sus competencias, por lo que el autor plantea en su artículo la necesidad de un cambio en las tradicionales reglas de juego, ya que considera que carece de sentido el comienzo de una política de concertación.

Tradicionalmente, el sector agropecuario ha venido necesitando el amparo del paraguas gubernamental dentro de distintas fórmulas y grados de aplicación.La política autárquica del período anterior tuvo en el monopolio del cereal un claro exponente de ese paternalismo, del mismo modo que la política agrícola común previa a 1987 protegía férreamente sus producciones ante terceros países. Las nuevas tecnologías, el buen quehacer de los profesionales del campo europeo y los positivos resultados económicos del sector agroindustrial, apoyados por un dinero generoso del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), consiguieron el incremento de las producciones, hasta el punto de traspasar éstas los niveles de autoabastecimiento y obligar a las autoridades comunitarias a enfrentarse con un serio problema de excedentes, alarmantes por la tendencia creciente de los presupuestos necesarios para su man tenimiento y comercialización.

La agricultura española fue catapultada hacia la Comunidad tras 50 años de drogodependencia estatal. El ministro era la agricultura. Sus decisiones y las de su equipo mantuvieron un entramado económico basado únicamente en decisiones tomadas verticalmente. Por ello, la adhesión a la CE se nos presentó a los agricultores como un mero paso del secular proteccionismo español a otra situación similar, dimanada esta vez desde Bruselas.

Imágenes como las de paraguas comunitario, mayores subvenciones, Tratado de Roma, primas a la producción y un largo etcétera de protecciones tranquilizadoras fueron servidas profusamente desde el Ministerio de Agricultura español a través de todos los medios de comunicación.

Del papá Estado con sus monolíticos silos (presentes en casi todos los pueblos de España) se pasaba sin trauma a la madre comunitaria, donde un FEOGA generoso y rico suplía al anciano sistema español.

Alteración de esquemas

Apenas unos meses después de nuestro primer año de período transitorio, la política agrícola común altera sus esquemas: reduce presupuestos, persigue a los productores y financia el abandono de las tierras, la jubilación de los agricultores y la reconversión hacia la artesanía y el turismo rural como alternativa a las explotaciones agrícolas.

Este cambio en la! reglas de juego, que dejaba nuestro tratado de adhesión arrumbado en las estanterías, suponía la aplicación de la libertad de mercado en nuestro sector.

Estas fórmulas concedieron a los Gobiernos y a sus respectivos ministros de Agricultura un papel preponderante en el segmento económico agroindustrial. El Gobierno poseía los medios, las competencias y la capacidad,de decisión suficientes para utilizarlos convenientemente. Por ello, las manifestaciones y reivindicaciones de la parte productora iban dirigidas hacia el ministro, mientras las indutrias, simplemente, utilizaban sus piezas de presión para que el ministerio alterase en lo posible criterios o normativas.

La llegada de la democracia a nuestro país, el hecho autonómico, la adhesión a la CE y el alejamiento de las decisiones hacia Bruselas y hacia el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) obliga ya a replanteamiento s necesarios que la textura del Gobierno español y del propio país aún mantiene. A pesar de las críticas al paternalismo trasnochado que con exceso efectúan nuestros poderes públicos, tenemos el convencimiento de que el reto comunitario y la importancia de los cambios no han sido asimilados todavía por nuestras autoridades.

El profesional de la agricultura, el pequeño industrial transformador, las cooperativas, almacenistas y hasta los responsables de grandes empresas agroíndustriales siguen dirigiendo su vista hacia el ministro, hacia los funcionarios responsables de las negociaciones, esperando soluciones que resultan dificiles de encontrar allí. Mientras, nuestras autoridades, en un intento de aparentar competencias y capacidades de actuación que no poseen, mantienen un ficticio papel de protagonistas, escasamente real.

Así, administrador y Administración permanecemos anclados en un marco de relaciones obsoleto y poco práctico. Es imperioso crear una moderna organización del sector agroindustrial, donde profesionales de la agricultura y empresarios de la industria transformadora iniciemos actividades interprofesionales que adapten oferta y demanda hacia las nuevas demandas del consumo, y apliquemos acciones de reforzamiento y desarrollo de la organización del mercado agrario.

Es necesario crear una interprofesión capaz de construir estructuras flexibles de concertación y colaboración voluntaria entre quienes formamos la agroindustria española.

Ventajas importantes

El reforzamiento de la estabilidad de los mercados, la mayor transparencia en la comercialización, la regulación de la producción y ordenación de cultivos, el mantenimiento de las rentas de los productores y de los beneficios empresariales, y la clarificación de la intrincada red de intermediación (repercutiendo en el consumidor las ventajas que se deriven de una mejor organización de los circuitos de transformación y comercialización), son algunas de las ventajas derivadas de la creación de estas interprofesionales que proponemos.

Necesitamos una estructura organizativa nueva para unas reglas de juego nuevas. Una vía de relaciones sin Gobierno, apoyadas por una legislación interprofesional adecuada, sin interferencias ni trabas desde la Administración, del mismo modo que precisamos un Gobierno con mayor preocupación social, atento a la reforma estructural de nuestro sector y a su homologación comunitaria.