El juez decreta detener a los militares acusados de matar a los jesuitas en El Salvador

El juez de instrucción Ricardo Zamora, de El Salvador, decretó ayer la detención provisional de los nueve militares presuntamente implicados en el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres de la Universidad Centroamericana el pasado 16 de noviembre. Entre los acusados se encuentra el coronel Guillermo Alfredo Benavides y dos tenientes. El juez ordenó el embargo de bienes de los acusados y dictó orden de captura contra un soldado supuestamente implicado en el múltiple asesinato, que desertó en diciembre del Ejército. Los otros ocho inculpados fueron trasladados a la prisión central de la policía.

En la resolución del juez Zamora consta que el coronel Guillermo Benavides dio la orden de asesinar a los seis sacerdotes jesuitas -cinco de ellos españoles- con una sentencia terminante: "Nos, estamos jugando el todo por el todo: o somos nosotros o son ellos. Éstos han sido los intelectuales que han dirigido la guerrilla durante mucho tiempo".Dos tenientes y un subteniente han acusado a Benavides de "dar la orden" la noche del 15 de noviembre, desde la Escuela Militar que dirigía y que tenía la responsabilidad de vigilar el sector donde se encuentra situada la Universidad Centroamérica (UCA), donde residían las víctimas. "Vamos a comenzar por los cabecillas, dentro de nuestro sector está la Universidad, y ahí está Ignacio Ellacuría. Hay que eliminarlo y no quiero testigos", dijo Benavides al teniente René Mondoza Vallecillos, según el testimonio de este último.

A las pocas horas, en la madrugada del 16 de noviembre, eran asesinados los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López y Segundo Montes, el salvadoreño Amando López, la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina Maricet Ramos. Todo ocurrió mientras el país permanecía. bajo el toque de queda y cinco días después de que la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzara la mayor ofensiva de su historia.

Benavides dio la orden, según las citadas declaraciones, a los tenientes Mendoza y Espinoza, y al subteniente Guevara Cerritos, así como a los oficiales del batallón Atlacatl (unidad de elite entrenada por Estados Unidos) que se alojaban en la Escuela Militar. A los soldados se les dijo que se trataba de "eliminar a los cabecillas intelectuales de la guerrilla y que éstos se encontraban en la UCA" según la declaración del cabo Angel Pérez Vázquez.

También se les aseguró que "se tenía conocimiento de que iban a llevar a unos delincuentes terroristas lesionados" y se les insistió en que "toda la gente que hay allí es terrorista". Según la versión del subsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, la misión debería hacerse de forma secreta, ya que en la Universidad encontrarían material subversivo y otro que les serviría a ellos, como medicinas, calzado y ropa.

En el momento de la retirada se encendería una luz de bengala para hacer después un simulacro de enfrentamiento, según declaraciones de los efectivos militares recogidas en la resolución del juez. El subsargento Ávalos Vargas declaró que cinco de los seis sacerdotes fueron obligados a salir al jardín y a ponerse boca abajo, cuando el teniente Espinoza les dio la orden a él y al soldado Mariano Amaya Grimaldi de proceder.

Los tres oficiales admitieron que conocían el plan, pero no, participaron en el delito, mientras que los cuatro soldados reconocieron su papel de ejecutores por lealtad a sus superiores y por temor a ser calificados de traidores. Según el juez Zamora, existen "suficientes elementos de juicio" para establecer la participación en estos hechos del coronel Guillermo Benavides, y se remitió a la declaración del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, coronel René Emilio Ponce.

La resolución judicial recoge las declaraciones hechas ante la policía de todos los detenidos', excepto la del coronel Benavides, quien compareció el pasado martes ante el juez Zamora.

La investigación del suceso fue efectuada por una comisión investigadora de hechos delictivos, que posteriormente trasladó las pruebas e indicios recogidos a una comisión de honor del ejército para que colaborara en la delimitación de responsabilidades.

Cambios en el Gabinete

Por su parte, el vicepresidente de El Salvador, Francisco Merino, anticipó ayer algunos de los cambios que introducirá en el Gabinete gubernamental y confirmó que él abandonará la cartera del Interior en abril próximo. Los cambios en el Gobierno del presidente Alfredo Cristiani, comunicados por Merino en una conferencia de prensa celebrada en el auditorio del Ministerio del Interior afectan, además de a éste, a las carteras de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Justicia y Planificación. Merino explicó que los cambios en el Gabinete no responden a divisiones en el Gobierno, sino que los "mismos elementos" pasarán a desempeñar nuevos cargos "sin que parezca rueda de caballos".El vicepresidente responsabilizó a la guerrilla de hacer circular versiones en el sentido de que el proceso judicial contra los militares presuntamente implicados en el asesinato de seis jesuitas en San Salvador el pasado noviembre, ha provocado divisiones internas en el Gobierno y obligado a Cristiani a hacer un reajuste de su Gabinete.

"Habrá algunos cambios administrativos de algunos ministros y viceministros de Estado(...), que en su oportunidad serán anunciados por el presidente, Alfredo Cristiani", manifestó el vicepresidente Francisco Merino.