Querella del fiscal contra altos cargos autonómicos valencianos

El fiscal jefe de la Audiencia de Valencia, Enrique Beltrán, anunció ayer que el pasado miércoles presentó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan José Marí, una querella contra seis personas relacionadas con un presunto escándalo urbanístico en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat. Aunque Beltrán no dio a conocer los nombres de los querellados, que legalmente no pueden ser conocidos antes de que sea admitida a trámite la querella y de que los propios implicados tengan conocimiento del asunto, sí que manifestó que uno de ellos "tiene fuero especial". Esto, junto al hecho de que el fiscal haya presentado la querella ante la máxima instancia judicial valenciana, hace suponer que entre los querellados figura un alto cargo de la Generalitat. Sólo tienen fuero especial los miembros del Gobierno valenciano, los diputados autonómicos, los jueces, los magistrados y los fiscales. La querella se refiere a un presunto delito de cohecho, en relación con otro para alterar el precio de las cosas, en grado de conspiración y todo ello en concurso ideal con otro de violación de secretos en relación con la subasta -que no se llegó a producir- de unos terrenos de titularidad pública en el término municipal de Paterna, cerca de Valencia.

Investigaciones

El fiscal dio cuenta también de la remisión al Juzgado de las investigaciones practicadas tras la denuncia presentada el pasado mes de noviembre contra dos funcionarios del departamento de Urbanismo por la supuesta recalificación de las Salinas de Calpe (Alicante) a cambio de compensaciones económicas. Fue esta denuncia inicial la que, al parecer, permitió al fiscal descubrir determinadas irregularidades en relación con los terrenos de Paterna, que, finalmente, han sido consideradas como el asunto más grave, a tenor de la decisión del fiscal de querellarse y de hacerlo directamente ante la máxima instancia judicial valenciana.La denuncia por presuntos sobornos en la Consejería de Obras Públicas, dada a conocer en los últimos días de diciembre pasado, movió al presidente de la Generalitat, el socialista Joan Lerma, a destituir de forma fulminante al entonces conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, el también socialista Rafael Blasco.

La decisión fue justificada por el presidente del Gobierno valenciano -quien dijo estar convencido de la inocencia de Blasco- como "medida de prudencia" ,con la que se pretendía "salvaguardar la credibilidad de las instituciones".

Sin embargo, en medios socialistas valencianos se ha dudado acerca del fondo del asunto, que se ha achacado a una guerra de familias en el seno del partido de los socialistas valencianos, cuyo secretario general es Joan Lerma. Éste se habría deshecho así de un fuerte opositor interno en el partido, Rafael Blasco, hombre fuerte en la comarca de La Ribera, una de las de mayor afiliación del PSPV-PSOE. Fuentes judiciales y políticas han manifestado que han existido presiones ante el fiscal Beltrán para que no archivara las diligencias, aunque Lerma ha negado siempre este extremo.