José Terceiro niega que los implicados en el "caso Uteco" le entregaran 177 millones

El economista José Terceiro, principal testigo del caso Uteco, cuyo juicio se inició el martes en la Audiencia de Jaén, no compareció ayer ante el tribunal para prestar declaración. Terceiro argumentó "compromisos profesionales ineludibles", e indicó, en un telegrama al tribunal, que testificará mañana viernes. Terceiro niega que Felipe Solís, ex director de Exportación de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo (Uteco), y Ricardo Cruz Tuñón, ex director general de la Caja Rural Provincial de Jaén, le entregaran, como han manifestado al tribunal, 177 millones de pesetas de la entidad, como pago de servicios profesionales. Las partes aceptaron la no suspensión del juicio, aunque el tribunal sentenció que, en caso de no acudir mañana, ordenará a las fuerzas del orden que conduzcan por la fuerza a Terceiro ante su presencia.

Los inspectores e interventores del Banco de España, organismo que intervino en 1982 la Caja Rural de Jaén, la CPA y Uteco, lo que supuso al erario público 33.000 millones de pesetas, admitieron que existían graves irregularidades en el último balance económico, previo a la intervención, que remitió la Caja Rural de Jaén al Banco de España. El fiscal sostuvo que Cruz Tuñón falseó ese balance para ocultar al banco emisor el alto nivel de, riesgo que había depositado la Caja Rural de Jaén en Uteco, cifrado en 18.000 millones de pesetas.

Nombres y apellidos

José María Stampa Braun, abogado defensor de Domingo y Felipe Solís, preguntó a los interventores si conocían "el nombre y apellido de alguno de los 62.000 agricultores jiennenses supuestamente perjudicados". Los interventores admitieron que no, si bien subrayaron que las economías de estos agricultores se habrían visto afectadas de no haber sido por el apoyo financiero estatal. Stampa Braun sostuvo que el balance de la caja no fue falseado y que no existe ningún precedente de condena contra una entidad financiera por suscribir "un balance escaparate" (incremento ficticio de pasivos para mejorar la cuenta de explotación), lo que, a su juicio, hicieron los altos cargos de la caja, presionados por el Banco de España.Once de los 15 procesados son los miembros del consejo rector de la Caja Rural Provincial. El fiscal pide seis meses de prisión a cada uno, como presuntos autores de falsedad de documento, al consentir de forma pasiva que la entidad financiase desmesuradamente a Uteco y a la CPA y aprobar el balance