El Gobierno vasco guarda silencio ante graves acusaciones de fraude en el juego

La Consejería de Interior del Gobierno vasco y el director de Juego y Espectáculos, José Joaquín Portuondo, se niegan a facilitar cualquier explicación en torno a las sospechas de fraude generalizado en el mercado de las tragaperras en esta comunidad, según manifestó ayer un portavoz del departamento. Eusko Alkartasuna (EA) presentó en el Parlamento un informe de 67 páginas, según el cual el mercado negro ha sido alentado y promovido desde el propio Gobierno vasco.La consejería, explica su portavoz oficial, no está dispuesta por el momento ni siquiera a desmentir la sospecha de que existen en el País Vasco unas 6.000 máquinas tragaperras con premio más de las que legalmente pueden instalarse. Estas máquinas disponen de un permiso de explotación otorgado al margen de la ley por la Dirección de Juego, declaró ayer el portavoz de EA, Juan Porres.

Los demás grupos de oposición han subrayado también la necesidad de investigar a fondo. Euskadiko Ezkerra (EE) y el Partido Popular (PP) han requerido ante el Parlamento al consejero de Interior, el peneuvista Juan Lasa, para que explique la situación. Porres advirtió ayer que, si la comisión de investigación no prospera, su partido interpretará el hecho como una confesión de culpa y pedirá la comparecencia ante la Cámara del lehendakari, José Antonio Ardanza.

Eusko Alkartasuna tampoco renuncia, añadió su portavoz, a recurrir a la vía judicial hasta esclarecer lo que considera un escándalo. El portavoz del Gobierno autónomo, Joseba Arregui, ha tratado de restar importancia a las denuncias de la oposición. Se trata, afirma, de temas ya tratados, sobre los que no existe aportación de datos nuevos. Arregui pertenece al PNV, en cuyas manos se encuentra íntegramente el departamento de Interior.

El amplio informe depositado por EA en el Parlamento calcula en casi 6.000 el exceso de tragaperras autorizadas presuntamente por el Gobierno vasco. El mismo partido cifra en 3.500 millones de pesetas el "valor de mercado" de estas licencias ilegales, presuntamente concedidas por el Ejecutivo autónomo.