Auger acusa a la Administración de colapsar la justicia

La propia Admistración colapsa la Justicia en el aspecto contencioso-admnistrativo e incluso laboral, según manifestó anoche el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Clemente Auger, durante una conferencia en el Club Siglo XXI de Madrid. "El reciente atasco de la jurisdicción contencioso-administrativa, e incluso de la jurisdicción laboral, es imputable a las administraciones públicas central, autonómica y local e incluso a los entes gestores de la Seguridad Social", manifestó.

En el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa "la inejecución de un fallo judicial por parte de la Administración da lugar de forma inexplicable a nuevos litigios", apuntó Auger, de 56 años y presidente del alto tribunal madrileño desde mayo pasado. Este jurista se ha referido en reiteradas ocasiones a la ineficacia de la Justicia

Soluciones desde la práctica

Durante su intervención, encaminada a "ofrecer soluciones a la Justicia desde la práctica", Auger señaló la necesidad de que la Administración desista de acudir a la vía contecioso-administrativa "cuando se produce una jurisprudencia reiterada y consolidada". Así, "muchos asuntos pendientes de recurso se resolverían sin necesidad de dictar sentencia si se encargase a los servicios jurídicos de las distintas administraciones un estudio de los recursos en los que se deba desistir o en que la Administración deba allanarse", agregó.Auger pidió "un tratamiento selectivo" de los asuntos para librar al Tribunal Supremo de cuestiones menores que le impidan consagrarse a su misión de "velar por la buena aplicación de la ley por los jueces y asegurar la unidad de su interpretación". Los asuntos menores pueden tener "un tratamiento limitado y una redacción aligerada", dijo.

En el coloquio posterior a la conferencia, el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, se refirió a la falta de autocrítica de los jueces y a la inexistente alusión a la reponsabilidad profesional por parte de este colectivo. Auger, por su parte, reclamó una modificación del Código Penal para equiparar las responsabilidades de los jueces a las de los otros ciudadanos.