Dos funcionarios de la Junta de Andalucía, acusados de cobrar de empresas privadas

Dos altos funcionarios de la Junta de Andalucía cobraron cinco millones de pesetas en pago a sus servicios prestados a una empresa privada para la construcción de un hotel en Jerez de la Frontera (Cádiz), acogida a los beneficios del Gran Área de Expansión Industrial de Andalucía, que subvencionó el proyecto con 60 millones, según una denuncia hecha pública ayer en Cádiz por los líderes ecologistas Francisco Casero, Daniel López, Juan Cabral y Juan Clavero.

El caso afecta a José García Serrano, jefe provincial de Obras del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), de Cádiz, y Javier Pérez de Eulate, arquitecto responsable de la valoración de fincas urbanas de la Delegación local de Hacienda en Jerez. Los dos percibieron, según los denunciantes, que aportaron documentos, el dinero en marzo de 1987 en acciones de la Empresa Jerezana de Hostelería y Turismo, S. A., promotora del Hotel Avenida, ya en funcionamiento.EL PAÍS recabó anoche la opinión de uno de los denunciados, José García Serrano, que rehusó hacer cualquier tipo de manifestación hasta no hablar con sus abogados. No obstante, negó su vinculación a la empresa Estudio 4, que aparece en uno de los documentos presentados ayer por los ecologistas como prueba de la irregularidad.

Precisamente, ante otras denuncias de los citados ecologistas, la Consejería de Agricultura abrió meses atrás un expediente a García Serrano, que ha quedado sobreseído por falta de pruebas. Sin embargo, los denunciantes cuestionan esta actuación de la Junta, por considerar que no se ha investigado con el rigor necesario.

En la documentación ofrecida ayer por los ecologistas, que consideran este asunto como un "claro caso de: infracción de la legislación sobre incompatibilidades de los funcionarios", figura una copia de un recibo en el que aparece García Serrano junto con la empresa Estudio 4, radicada en Jerez de la Frontera, que realiza proyectos de obras, "con lo que queda demostrada claramente su vinculación a esta entidad privada, que "es la que capitaliza todos los proyectos de transformación de tierras de secano en regadío en la provincia de Cádiz", proyectos que, según sus acusaciones, son aprobados sistemáticamente".

Los ecologistas estiman que con este tipo de actuaciones quedan bloqueados en la provincia de Cádiz el desarrollo del Plan Forestal Andaluz, ya que, según afirman, el IARA viene renunciando a la adquisición de fincas de interés forestal que pasan a manos de empresas extranjeras, y que están provocando un alza artificial del valor del suelo rústico en la provincia.