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Tribuna
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Componendas

La especulación y la construcción inmobiliarias constituyen la principal fuente de riqueza en Calpe, localidad turística de la comarca de La Marina. Como en tantas otras localidades de la costa mediterránea, con el desarrollo del turismo muchos terrenos, antes sin valor, se han revalorizado y han hecho millonarios a sus propietarios. Pero no todos se han visto beneficiados por igual. Y en eso han tenido mucho que ver los cargos políticos, muchos de los cuales tienen fuertes intereses inmobiliarios.Todo esto explica extraños pactos de gobierno, como el de Calpe. Tras las elecciones municipales de 1987 accedió a la alcaldía la socialista Violeta Rivera, amiga personal del presidente de la Generalitat, Joan Lerma. Los tres concejales del PSOE lograron el apoyo de otros tantos populares, más uno del CDS y otro de Unión Valenciana. El pacto incluía además un documento suscrito ante notario por el que cada firmante se comprometía a pagar 40 millones de pesetas (80 en el en caso de la alcaldesa) si lo rompía. Entre los concejales figuran varios constructores y promotores. Algunos, unidos por lazos familiares o profesionales, militan en partidos diferentes, y todos niegan la existencia de irregularidades.

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En estas circunstancias, y a la vista de lo sucedido en Calpe, no es de extrañar que aparezcan recelos y que la gente tienda a pensar en la especulación, los negocios ilegales, los sobornos, las compensaciones y las componendas.

La denuncia sobre presuntos sobornos a dos funcionarios de la Consejería de Obras Públicas a cambio de una recalificación de terrenos, que ha costado el cargo al titular de ese departamento de la Generalitat, ha aumentado esos recelos. Y refuerza la opinión de que se trata tan sólo de la punta del iceberg, el botón de muestra de muchas otras presuntas irregularidades consagradas en el nuevo plan de urbanismo.

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