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Sánchez Asiaín insta al 'comité de crisis' a plantear propuestas constructivas para superar el conflicto

Andreu Missé

José Ángel Sánchez Asiaín hizo público ayer un comunicado en el que, como presidente del Banco Bilbao Vizcaya (BBV), insta a la comisión negociadora, creada el pasado 17 de diciembre, a que adelante sus trabajos y pueda plantear propuestas constructivas para su aprobación por el consejo de administración del banco. El pronunciamiento de Sánchez Asiaín se produce significativamente 24 horas después de que el Banco de España suspenda los trámites de inscripción de Alfredo Sáenz como copresidente del BBV en el Registro Oficial de Altos Cargos de Banca. El comunicado pone de manifiesto la voluntad del presidente de situarse por encima de los dos grupos en que se encuentra dividida la cúpula del banco

El comunicado afirma que "la gobernabilidad del Banco, el interés prioritario de los accionistas, y la atención a la clientela y personal, exige que se adopten una serie de decisiones que garanticen el funcionamiento adecuado del Banco de Bilbao Vizcaya. En consecuencia", añade "la presidencia del BBV ha decidido convocar dentro de la próxima semana diferentes reuniones de sus distintos órganos de Gobierno para tomar decisiones, necesarias para la marcha del banco y efectuar, además, cuantas actuaciones se requieran con el mismo propósito".El comunicado afirma también "que la presidencia espera que se alcance, en el plazo más breve posible, la adecuada unidad de gestión y, por tanto, un equilibrio de funciones que garantice el concepto de paridad que inspiró el acuerdo de fusión. Con ello se hará posible la ordenación racional y definitiva que se desea y por la que se está trabajando".

Por otra parte, la decisión del Banco de España de suspender los trámites de inscripción en el Registro Oficial de Altos Cargos de Banca de Alfredo Sáenz, como copresidente, y José Antonio Sáenz de Azcúnaga, como consejero delegado, ha abierto nuevos frentes en el campo jurídico.

La resolución del Banco de España, se amparaba, entre otros argumentos, en el decreto de 215 de abril de 1969, que, creó el Registro Oficial de Altos Cargos de Banca. El decreto establece que en el citado registro "necesariamente habrán de figurar inscritas, antes de la inscripción de sus nombramientos en el Registro Mercantil, las personas elegidas o designadas para desempeñar en la Banca Privada y en el Banco Exterior de España los cargos de presidente, vicepresidente, consejero o administrador, director general y asimilados a este último". Sin embargo, este requisito no se cumplió, según fuentes jurídicas.

Certificado de inscripción

Sin embargo, cuando el pasado 19 de diciembre los representantes del antiguo Banco de Vizcaya, practicaron la incripción en el Registro Mercantil de Bilbao (después de varios días de estudio por parte de los registradores) presentaron una certificación legitimada notarialmente con fecha del mismo día, en la que se acreditaba que se había dado cumplimiento a los requisitos previstos en el citado decreto de abril del 69 y en una posterior orden que la desarrolla, según fuentes próximas al Registro Mercantil de Bilbao. Este hecho que contradice directamente los razonamientos empleados por el Banco de España, es un claro exponente de la complejidad de la batalla que se está librando.

Todavía resulta más incomprensible la existencia de un documento del Banco de España, relativo a este caso, en el que solicitaba la certificación previa de inscripción en el Registro Mercantil, antes de practicarla en su registro oficial de altos cargos, según fuentes bancarias. Otras fuentes jurídicas consultadas consideran que la existencia de este documento sólo puede entenderse como un error.

La suspensión de la inscripción acordada por el Banco de España, puede ser recurrida en el plazo de 15 días ante el Ministerio de Economía, decisión que ayer estaban ultimando los antiguos consejeros del Vizcaya.

La resolución del Banco de España, que consta de unos cinco folios, rechaza como argumento de fondo el procedimiento legal empleado para la designación y nombramiento de Alfredo Sáenz, como copresidente y José Antonio Sáenz de Azcúnaga como consejero delegado. Ambos nombramientos se acordaron por los 19 consejeros del Vizcaya es decir, la mitad del consejo cuando los estatutos, incluso para el caso del consejero delegado exigen una mayoría reforzada de dos tercios.Fuentes jurídicas han manifestado que las primeras sospechas del Banco de España surgieron al observar que la solicitud de inscripción en el Registro Oficial no venía firmada por la persona habitual, José María Concejo, secretario del consejo, sino por José Luís Segimón, letrado del consejo.

Por otra parte, las autoridades monetarias han tenido también en cuenta la Circular 11 de 20 de octubre de 1976 de la Dirección General del Registro y del Notariado, que recuerda a los registradores mercantiles que tienen la obligación de comprobar antes de practicar cualquier inscripción que realmente se ha efectuado la correspondiente inscripción en el Registro Oficial de Altos Cargos de Banca en el Banco de España.

Esta inscripción en el Registro Oficial de Altos Cargos de Banca es básica para que el Banco de España pueda calificar en cada caso las posibles incompatibilidades de los nuevos cargos y recuerda que no son las mismas las de los consejeros que las de los consejeros delegados.

Por otra, la comisión negociadora continuó ayer sus reuniones sin que lograse ningún acuerdo en sus deliberaciones.

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