Más de 100 'etarras' han pasado a segundo y tercer grado penitenciarios en menos de seis meses

La política de dispersión de presos de ETA. logró que en menos de medio año un 27,53% (unos 89 reclusos) de los 322 etarras condenados se encuentre clasificado en segundo grado -en el que pueden obtener permisos-, y un 4,12%, es decir, 13 internos, en tercer grado -pueden obtener la libertad condicional-, mientras que sigue en el primer grado, en el que hace seis meses estaban todos los etarras, el 63,5% (unos 203 presos). Estos datos fueron facilitados ayer por el uninistro de Justicia, Enrique Múgica, quien calificó de "excepcionales"' los incumplimientos de la reforma que se iniciará hoy y mañana.

En un encuentro con periodistas, Múgica negó que "responda a la realidad" la información según la cual en las actuales fiestas navideñas saldrán 60 presos de ETA de las cárceles. Sin embargo, poco más tarde ofreció los datos relativos a los resultados obtenidos por la poítica de dispersión levada a cabo por su departamento -el ministro prefiere el término distribución-, tras afirmar que las medidas de autoaislamiento preconizadas por ETA ,fueron seguidas por un 80% de etarras y la reciente huelga de hambre por sólo un 20%.El total de presos de ETA se acerca a los 500, de los que 178 son preventivos, es decir, se encuentran en espera de juicio. De ellos, 75 están en régimen ordinario y 103 en primer grado, que es el más duro. De los 322 condenados, 203 continuan en el primer grado, en el que antes de agosto estaban todos los etarras. El segundo grado, en el que hay 89 condenados de ETA, da derecho a comunicaciones directas -vis a vis- con sus familiares o compañero/as, permisos y horas libres para estudio. En el tercer grado, que permite la libertad condicional -salida permanente Ios fines de semana o diaria para trabajar, con regreso nocturno a la prisión- se encuentran 13. El resto, 5'03%, o sea 17 internos, están sin clasificar.

Repercusión de ETA

El ministro de Justicia disponía de estos datos la semana pasada cuando compareció ante el Parlamento, pero declinó utilizarlos, según fuentes gubernamentales, a petición de su colega de Interior, José Luis Corcuera, ante el recrudecimiento de la escalada terrorista. Múgica explicó ayer que el aumento de la actividad de ETA sólo puede perjudicar a sus presos. Preguntado sobre la gravedad de responsabilizar a personas privadas de libertad de las acciones de sus compañeros políticos exteriores, el ministro de Justicia señaló que "las acciones exteriores de ETA suelen repercutir en el comportamiento penitenciario de los reclusos, y de ahí que resulten afectados por tal actuación".

Múgica consideró compatible con la política de distribución, orientada hacia la reinserción de los reclusos -incluídos los condenados por delitos de sangre-, el cumplimiento del programa electoral socialista en lo que se refiere al cumplimiento total de la pena por parte de los penados por delitos terroristas y de narcotráfico. El ministro de Justicia recordó que, en todo caso, ha de cumplirse "el imperativo constitucional de que la reinserción es la finalidad de la pena".

Sobre la entrada en funcionamiento de los 220 juzgados de lo penal, prevista para hoy, y la desaparición de los juzgados de distrito, que se producirá mañana, el ministro de Justicia, discrepó de las opiniones que han anunciado un colapso judicial en distintos territorios, por falte de medios y locales. Sin embargo, Múgica señaló: "Esto no quiere decir que no haya disfunciones". Afirmó que tanto el Ministerio de Justicia como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que hizo copartícipe de las disfunciones, están "convencidos de que tales costes son necesarios y redundarán en beneficio de una Administración de Justicia más rápida, eficaz y diligente".

El Poder Judicial, responsable

Múgica no supo decir cuántos de los 220 juzgados de lo penal entrarán realmente en funcionamiento hoy y se limitó a decir que serán "muchos" o "casi todos", así como a enfatizar sus reuniones con los representantes de las asociaciones judiciales, que ahora le critican, y a recordar que la fijación de la fecha tope del 27 de diciembre fue "informada por el CGPJ de modo favorable y con aplausos". Según el ministro de Justicia, "mañana [por hoy] van a inaugurarse casi todos los juzgados de lo penal y las excepciones son excepciones, como ocurre cuando se hace obra en una casa, que no siempre se cumple el plazo inicialmente previsto de terminación".

A las preguntas concretas sobre la no terminación del edificio de los juzgados en la calle Bergara de Barcelona, a la falta de mobiliario en Valencia o a la ausencia de ubicación de seis de los 11 juzgados de lo penal previstos para Sevilla (veáse el último número de EL PAÍS), Múgica sólo encontró la respuesta de que "no se pueden imputar al ministerio los problemas surgidos". Aseguró que su departamento y el Gobierno habían aceptado todas las recomendaciones realizadas por el CGPJ, por lo que no se le podía responsabilizar de las deficiencias de la aplicación de la reforma. Múgica insistió en la necesidad de mantener el plazo previsto de comienzo de la reforma, "aunque algunos juzgados comiencen a actuar en instalaciones provisionales", dijo.

Por su parte, CC OO hizo público ayer un comunicado en el que responsabiliza del inminente "caos" a "quienes ostentan la mayor representación de gestión y representación de la Administración de Justicia" y rechaza la solución consistente en denegar los permisos navideños.