Un apunte sobre la ética política

En el debate de investidura celebrado la semana pasada, la jefatura del PSOE tomó dos decisiones, nada fáciles por cierto, que tienen más implicaciones éticas de gran alcance. Una de ellas fue excelente, la decisión de unirse voluntariamente y sin ambigüedades a la propuesta de la oposición de formar una comisión parlamentaria que analice el censo electoral y las irregularidades detectadas tras las elecciones del 29 de octubre. La necesidad de eliminar en la España contemporánea la práctica de conceder votos a fallecidos y a personas inexistentes es mucho más importante para la consolidación de la democracia que la cuestión de qué partidos ganarán con las nuevas elecciones, qué jefes de partido pueden sentirse personalmente molestos o qué sucederá con la mayoría del PSOE.La otra decisión, denegar el escaño a los diputados de HB por su insistencia en una idiosincrásica fórmula de juramento de la Constitución, fue equivocada en mi opinión. Es muy posible, incluso verosímil, que el Tribunal Constitucional determine que la decisión del Gobierno fue equivocada, basándose estrictamente en fundamentos legales. Pero en este artículo me preocupan más las implicaciones éticas que las distinciones legales. El Gobierno ha adoptado la postura de que en las instituciones democráticas nadie tiene derecho a modificar arbitrariamente, ni a crear por conveniencia personal, una fórmula de juramento distinta a la aceptada voluntariamente durante años por todos los diputados, con la excepción de este partido en particular. Entiendo, y de hecho comparto por completo, la indignación de los diputados que se sienten encolerizados por la explotación obvia de las oportunidades democráticas por un partido que destruiría la democracia existente si fuese lo suficientemente fuerte para hacerlo.

Asuntos de protocolo

No obstante, creo que podría ser contraproducente y desviar la atención de temas mucho más importantes si un Gobierno democrático pusiese demasiado énfasis en los asuntos del protocolo. En una situación así, me gustaría aplicar la lección que mis colegas y yo aprendimos juntos con motivo de los graves conflictos de la universidad de California, en La Jolla, a finales de la década de los sesenta, cuando los estudiantes blancos radicales amenazaban con bombardear los laboratorios como parte de sus protestas contra la guerra de Vietnam, y los estudiantes negros que solicitaban derechos minoritarios, se servían de tácticas de desobediencia civil que en ocasiones privaban a otros estudiantes y a la facultad de sus libertades civiles.

En aquellas circunstancias en que las pasiones morales contradictorias y los derechos legales de los diferentes grupos hacían que resultase extremadamente difícil mantener un diálogo civilizado, nos comprometimos a hacer todo lo que estuviese en nuestra mano para evitar un conflicto simbólico. En la medida de lo posible, procuraríamos no reaccionar por el hecho de que nos llamasen cerdos fascistas cuando tratábamos de sugerir concesiones recíprocas sobre el uso específico de las salas de reuniones en determinados momentos. Haríamos lo posible por evitar que la gente rompiese las ventanas pero no que enarbolasen carteles del Che Guevara en lugar de las barras y estrellas.

En la situación española actual, y después de negarse durante muchos años a ocupar los escaños que le correspondían en las Cortes, HB decidió acudir en aras de su concepción particular de las negociaciones entre ETA y el Gobierno central. Sin embargo, al mismo tiempo han insistido en que al jurar la Constitución añadirían a la fórmula aceptada la frase "por imperativo legal". Muy provocador. Además, una pretensión que ningún otro diputado ha planteado, cualquiera que sea su filosofía política. Si permitimos esta provocación subjetiva, ¿qué más frases terribles podrían ser introducidas en el futuro por cualquier partido irrespetuoso?

Conflicto simbólico

Creo que éste es un ejemplo perfecto del tipo de conflicto simbólico que debe ser evitado. De hecho, los que somos demócratas convencidos, tenemos que estar agradecidos. HB no pretende admirar la Constitución actual, desde un punto filosófico, moral y político. Por razones pragmáticas, sus diputados desean participar en las deliberaciones de las Cortes, pero declaran con franqueza que aceptan la Constitución existente sólo "por imperativo legal". Con esta frase expresan sus marcadas diferencias de criterios con respecto a los demás diputados. Al mismo tiempo, aunque resulte inoportuno, están prometiendo acatar las normas existentes en sus actividades como diputados electos. Se ha comentado que los fundamentos reales de la prohibición no son las propias palabras, sino la seguridad de que vendrán provocaciones más graves. Puede que sea así, pero el momento de actuar llegaría cuando HB infringiese claramente la Constitución después de haber jurado acatarla.

El Gobierno tiene dos opciones: consentir la frase provocadora o utilizar esa frase como medio para impedir la incorporación de HB a las Cortes. Nadie puede decir qué hubiese podido representar, o qué representará la participación de HB si el Tribunal Constitucional falla a su favor. Cuando menos es posible que en un debate abierto, o en una conversación privada, con sus compañeros diputados sobre temas tales como los asesinatos y secuestros de ETA, las definiciones de autodeterminación, las acciones policiales y judiciales en el País Vasco, la situación de los prisioneros de ETA, etcétera, pudiesen hacerse algunos progresos reales como resultado de dichos debates.

Demencia terrorista

No estoy sugiriendo en ningún momento que el Gobierno debería aceptar la solicitud de negociaciones políticas con ETA. Ni tampoco que ETA o HB tengan el menor derecho a hacerse pasar como portavoces del pueblo vasco. Lo que quiero decir es que al no permitir, por razones simbólicas, la participación de HB en las Cortes, el Gobierno puede estar perdiendo, cuando menos en parte, la oportunidad mucho más importante de sustituir la fuerza por el diálogo en las relaciones entre la España democrática y el ala violenta del movimiento independentista vasco. ¿No es acaso más importante hablar con HB que impedir la entrada de sus diputados a las Cortes en base a procedimientos intolerantes?

Finalmente, desearía añadir otras dos consideraciones de carácter ético-político:

1. En el clima actual de indignación totalmente justificada contra la constante demencia del terrorismo, el Gobierno no puede sentirse interesado en absoluto por los sentimientos del 16%-18% de los vascos que votan a HB. Sin embargo, en cuanto a los posibles progresos de los problemas vascos, es absurdo convertir en mártires a los primeros diputados electos de HB que están dispuestos a participar en los trabajos de las Cortes.

2. También es desafortunado el hecho de que los esfuerzos del Gobierno por impedir una investigación judicial a fondo de los casos Brouard y Amedo haya reducido su credibilidad entre un porcentaje de personas muy superior a los votantes de HB. La credibilidad exige un alto nivel de transparencia, una voluntad de tolerar los insultos a fin de resolver los problemas reales, y la capacidad de centrar tanto la inteligencia como las emociones más sobre los temas reales que sobre los simbólicos.