Jefes de la seguridad del Estado exigen suprimir las escoltas privadas y controlar a los detectives

Responsables operativos de la seguridad del Estado han propuesto a los mandos del Ministerio del Interior que supriman las escoltas privadas, implanten severos controles a la actividad de los detectives y establezcan rigurosas inspecciones sobre la nacionalidad de las sociedades de protección y sus capitales en el proyecto que regulará la seguridad privada. El proyecto estaba concluido antes del verano, como reconoció José Luis Corcuera en el Senado, pero el adelanto de las elecciones retrasó su tramitación. Según fuentes de la Administración, será prioritario para el nuevo Gobierno.

La ley sobre la Seguridad Privada estaba prevista que entrara en vigor en la anterior legislatura pero los responsables de Interior no enviaron el proyecto al Consejo de Ministros supuestamente por los diversos problemas que plantea la regulación de este sector en máxima expansión.Actualmente están registradas en España alrededor de 1.300 empresas de seguridad, en las cuales trabajan más de 40.000 vigilantes jurados que tiene autorización para portar armas. Muchos de ellos se dedican a prestar servicios de escoltas -vigilantes jurados de paisano-, actividad ilegal hasta el momento en España aunque es práctica habitual en varias decenas de empresas. Algunas de ellas han sido sancionadas en reiteradas ocasiones por este motivo.

Expertos y responsables de la Seguridad del Estado se han mostrado firmemente partidarios de suprimir taxativamerite este servicio y han elevado su propuesta a los altos cargos del departarnento. Al parecer, según estas fuentes, el actual proyecto recoge esta propuesta.

Estos expertos consideran que España es uno de los pocos países donde existe tal proliferación de escoltas privadas que es prácticamente imposible el control del sector. Estos expertos critican severamente el hecho de que la escolta, tanto pública corrio privada, se llegué a considerar actualmente en España corno un "fénómeno de distinción social".

Dichas fuentes explican que en el Reino Unido, donde existe un problema terrorista con el IRA similar al de España con ETA, sólo disponen de escoltas un máximo de diez personas: algunos miembros de la Corona británica y del Ejecutivo.

Actualmente en España son protegidos por la Brigada de Escoltas española un total de 162 personas. Independientemente de estas escoltas que presta el Estado, existen numerosos hombres de negocios que pagan protección privada, actualmente ilegal. Éste es uno de los negocios más rentables de los servicios que facilitan estas empresas. Hasta un millón al mes puede costar el disponer de un guardaespaldas durante veinticuatro horas.

Muchas armas en la calle

Las fuentes consultadas han reconocido las fuertes presiones que están ejerciendo las empresas de seguridad para que se autorice la figura del escolta privado también la supresión o el exhaustivo control de las armas que actualmente están autorizados a llevar los vigilantes jurados. Además de los 40.000 vigilantes jurados que se mueven en España con su correspondiente pistola, la Guardia Civil tenía registradas en 1988 15.829 licencias de armas tipo B (pistolas), 45.200 de tiro olímpico y 77.767 de caza mayor (rifles). Pese a estos datos, responsables del cuerpo aseguran que la política de concesión de licencias es muy restrictiva.Asimismo los responsables de la Seguridad del Estado pretenden que se establezcan severas inspecciones sobre la nacionalidad y capital de las empresas y los fines para los que oficialmente se asegura han sido creadas. Estos responsables del departamento han propuesto que la ley erradique los depósitos de fondos y ordene correctamente los requisitos que deben exigirse a las empresas con el fin de que se obtengan garantías de que esas sociedades van a funcíonar en los términos para los que ha sido registradas. También pretenden que se regule la inversión de capitales extranjeros en dichas empresas.

Responsables de la Seguridad del Estado se muestran también partidarios de que la ley establezca serios controles a las actividades de los detectives -471 registrados y más de 4.000 auxiliares existen actualmente en España-. Estas fuentes consideran que los agentes privados no están sometidos a ningún control con la excepción de sus propios clientes.