Presión justificada

CADA DIA que pasa, las sospechas iniciales sobre la implicación de las fuerzas armadas salvadoreñas en el salvaje asesinato de seis jesuitas, entre ellos el español Ignacio Ellacuría y otros cuatro compatriotas, se van convirtiendo en certezas. Si no directamente, la participación de los militares salvadoreños en la horrible matanza ha quedado claramente establecida con la confirmación de que durante los largos 45 minutos que los comandos asesinos invirtieron en violentar las puertas de la residencia universitaria donde se alojaban los jesuitas, matar a éstos, recorrer y registrar todas las habitaciones y arrojar bombas contra la fachada del edificio, soldados y tanquetas del Ejército aseguraban la vigilancia exterior de la sede universitaria. Imposible que esa fuerza no se enterara de la matanza y, admitido esto, difícilmente creíble que no pudieran impedirla.Estas evidencias, cada vez más concluyentes, vienen refrendadas además por un clamor popular: todo el mundo, desde los colaboradores de los jesuitas asesinados y fuerzas de la oposición hasta miembros del Congreso de Estados Unidos, sabe perfectamente, y así lo ha sugerido, quiénes son los responsables de la atroz matanza.

El Gobierno español ha reaccionado con prontitud a la noticia, expresando su protesta y poniendo a disposición de la colonia española los medios necesarios para su eventual evacuación. No parece, sin embargo, que eso sea suficiente. Cuando varias monjas norteamericanas fueron asesinadas en El Salvador, la Administración de Estados Unidos envió una comisión investigadora propia y ejerció fuertes presiones, incluyendo la suspensión de todo tipo de ayuda militar y económica, para exigir la captura y enjuiciamiento de los culpables.

España está en condiciones de ejercer sobre el Gobierno de El Salvador una presión eficaz, sin llegar a extremos dramáticos, para conseguir el castigo de los culpables y, si se demostrase la complicidad del poder o de sectores de él en los asesinatos, exigir las responsabilidades del caso y adoptar sanciones ejemplares. Ayer, personas próximas a los asesinados, aún sobrecogidas por el espanto, se preguntaban sobre qué va a hacer el Gobierno español. Lo mismo piensan muchas otras personas tanto dentro como fuera de España.

Por lo demás, resulta bastante lamentable que un cargo público de la Generalitat de Cataluña -el director de la escuela de la policía autonómica- se despache, en estos momentos de dolor por la muerte de un indiscutido luchador por la paz, con unas declaraciones ofensivas y claramente inoportunas. En un lenguaje propio del más rancio y cavernícola anticlericalismo, Jesús María Rodés aseguraba que Ellacuría no era una víctima inocente porque pertenecía a "una organización religiosa de carácter paramilitar". El funcionario catalán debería poner al día no sólo sus prejuicios políticos, sino sus conceptos sobre la Compañía de Jesús y su labor en América. Y la Generalital debería poner al día sus registros de personal para prescindir de colaboradores indeseables.