El necesario diálogo social

LA POLÉMICA sobre el ajuste de la economía española se ha visto súbitamente reactivada por la aparición de otra polémica, de carácter estructural, sobre el papel de la concertación social en la política económica. De manera perentoria, el gobernador del Banco de España ha declarado que la concertación estaba muerta y que, de hecho, no hay país europeo que la practique. Se trata de una afirmación cuya validez literal es incuestionable por cuanto que, efectivamente, no hay país europeo que practique las formas que la concertación ha revestido en los últimos tiempos en España. Sin embargo, la validez literal de la afirmación esconde un hecho de mayor trascendencia: en casi todos los países europeos existe un diálogo institucional casi permanente entre los agentes sociales. El que este diálogo se lleve a cabo en los consejos económicos y sociales, allí donde existen de manera operativa, o que se realice directamente, es algo que las circunstancias históricas y sociales de cada país determinan. Lo importante es que el diálogo existe y que de cuando en cuando se plasma en acuerdos, de uno u otro tipo, que contribuyen a la permanente legitimación social de los sistemas democráticos.En España, cuando se habla de concertación y de diálogo social se suele evocar inmediatamente después, para defenderlos o atacarlos, los Acuerdos de la Moncloa y los pactos que tuvieron lugar posteriormente; lo importante, sin embargo, no es la forma, sino el fondo de la cuestión, es decir, la existencia o no de un estado de ánimo, de una predisposición al diálogo, que debe plasmarse de alguna manera, según las circunstancias de lugar y tiempo. La existencia de instituciones concebidas para facilitar ese diálogo es una ayuda para que éste se produzca, pero en ningún caso se trata de una condición indispensable.

El declarar extinta la concertación no constituye el mejor camino para intentar el acercamiento entre las partes directamente interesadas en el diálogo social. En las circunstancias presentes, el certificado de defunción ha tenido la virtud de provocar una declaración de intenciones negociadoras por parte de la CEOE, aunque ha sido acogida con reticencia por parte de los sindicatos. Por su parte, el Gobierno guarda silencio, aunque el peculiar momento por el que atravesamos, marcado por la provisionalidad, justifica una cierta prudencia por parte del Ejecutivo. Aparentemente estamos ahora algo más cerca del inicio de un diálogo que lleva ya demasiado tiempo interrumpido.

Más allá de las peripecias actuales, lo que de verdad importa es explorar el contenido de ese eventual diálogo, en el supuesto de que los interlocutores estén dispuestos a iniciarlo. Desde el punto de vista económico, cada vez aparece con mayor claridad que las medidas adoptadas para frenar el crecimiento de la demanda interna no serán suficientes para conducir la economía por la senda del crecimiento equilibrado, por lo que antes o después será necesario plantear el problema de ajuste. Evidentemente, puede pensarse en una situación en la que el diseño y la ejecución del mismo recaiga íntegramente sobre el poder ejecutivo, de tal manera que la población en general y los agentes sociales en particular soporten pasivamente las consecuencias del mismo. La otra alternativa consiste en una ampliación de la discusión sobre el futuro de la economía a todos aquellos que están legítimamente interesados en la misma. Desde este punto de vista, el margen de maniobra existente en la actualidad dista mucho de ser despreciable y permite, entre otras cosas, garantizar el poder adquisitivo de los salarios. Esta garantía puede ofrecerse con distintos niveles de aumento nominal, y lo que está claro es que cuanto más moderado sea el aumento, mejor se preservará la competitividad de las empresas y, por consiguiente, el proceso de creación de empleo.

Estas cuestiones, con ser importantes, no agotan el contenido de la concertación. Como zonas de posible extensión del diálogo social conviene señalar, entre otras, la productividad, las condiciones de trabajo, la formación profesional y, de manera general, la participación de los trabajadores en las empresas. En definitiva, se trata de hacer evolucionar el sistema paternalista heredado de las antiguas ordenanzas laborales hacia un sistema más abierto, negociado entre las partes en vez de ser otorgado por el poder, en el que los agentes sociales encuentren el terreno privilegiado para su diálogo y su fortalecimiento. Es cierto que existen muchas reticencias para avanzar por este camino, pero no es menos cierto que a largo plazo es el único que garantiza la estabilidad de las instituciones sociales y su adaptación a los cambios a los que tienen que hacer frente.