Murcia, en el aire

EL ESCAÑO del que depende la mayoría absoluta de los socialistas sigue estando en el aire. El Tribunal Superior de Murcia debe pronunciarse necesariamente por una, de las cuatro fórmulas que, de manera tasada, contempla el artículo 113 de la vigente ley Electoral: no admisión del recurso, confirmación de la decisión de la Junta Electoral que atribuye a Izquierda Unida el noveno escaño de esa provincia, nulidad de dicho acuerdo y atribución del escaño en disputa al PSOE o nulidad de la elección en la circunscripción y convocatoria de nuevas elecciones en Murcia. No cabe, por tanto, anular las elecciones en determinadas mesas -aquellas que no fueron computadas por detectarse más votos que votantes-, manteniendo la validez de los resultados computados en las demás de esa circunscripción. Aceptar la resolución de la Junta supondría dar por buena la no computación de más de 20 mesas y, por tanto, anular unos 13.000 votos legítimos. Es evidente que, dado el escaso margen del que depende la adjudicación del escaño en disputa, esos votos anulados resultan "determinantes del resultado", según la fórmula exigida por la propia ley para que proceda la nulidad. Pero computar sin más esas mesas, lo que otorgaría el escaño al PSOE, equivaldría a legitimar los fraudes detectados (aunque provengan de acciones ilegítimas de militantes socialistas), incluso si éstos no fueran en sí mismos determinantes del resultado. De ahí la posibilidad que la legislación otorga a los jueces para convocar nuevas elecciones.Si pudiera determinarse de manera fehaciente cuál o cuáles han sido las papeletas fraudulentas, la propia mesa restaría los votos correspondientes a la candidatura beneficiada. Pero siendo ello imposible -¿a quién atribuir las papeletas depositadas por los menores de edad?-, tanto la no computación como la computación suponen una grave deformación de la voluntad popular. Si se diera por bueno el criterio de la Junta, que identifica los conceptos de elector y de votante, se estaría abriendo paso a fraudes generalizados en el futuro: bastaría introducir una papeleta de más en aquellas mesas cuyo) resultado probable fuera conocido -por anteriores comicios- para privar de su ventaja a la candidatura previsiblemente mayoritaria. Entonces, la repetición de las elecciones parece la menos mala de las soluciones.

Estando en manos del fallo del tribunal murciano la mayoría absoluta, de la que a su vez puede depender que la elección del presidente del Gobierno se produzca en primera o segunda votación, parecería razonable posponer la sesión de investidura hasta después de dicho fallo. Si se admite que el asunto es importante y que su resolución depende de la judicatura, no se entiende bien por qué IU se opone a ello. También es lógico que el PSOE, curándose en salud ante la eventualidad de que el fallo judicial le sea desfavorable, busque los apoyos necesarios para aseguirarse la elección.

Los contactos con el grupo del PNV, socio de los socialistas en el Gobierno vasco, van en esa dirección. Los nacionalistas ya advirtieron en la campaña que, si el PSOE perdiera la mayoría absoluta, los votos de sus diputados "valdrían su peso en oro". Nadie debiera extrañarse, entonces, de que los de Arzalluz interiten ahora obtener cuantiosas contrapartidas. El PSOE, por otra parte, argumentó a favor de la mayoría absoluta -"mayoría estable", en su argot- aduciendo, precisamente, que un Gobierno de minoría mayoritaria se vería obligado a pagar un precio desproporcionado. Hay, pues, cierta contradicción en quienes consideraron en su día que la pérdida de la mayoría era una necesidad ineludible del sistema democrático y se escandalizan ahora por los costes de los pactos. Pero también es cierto que los socialistas contemplaron la pérdida de la mayoría absoluta como una catástrofe, lo que encarecía los apoyos. Los socialistas parecen considerar muy importante que Felirie González sea elegido en primera votación. En honor a la verdad hay que decir, sin embargo, que ello es poco relevante para los ciudadanos.