El silencio del estatuto

El Estatuto de Madrid "guarda silencio sobre este tipo de disolución", señala el informe de los letrados; del Parlamento regional. El dictamen considera que solo cabe dar por cerrada la legislatura en los dos casos previstos como númerus clausus en el artículo 10.1 de la norma fundamental de la región: transcurridos cuatro años desde la elección de diputados o por la imposibilidad durante dos meses para investir un candidato a la presidencia de la Comunidad.El informe recuerda que "ningún estatuto de autonomía ha recogido la disolución de su asamblea como consecuencia de la iniciación de un procedimiento de reforma" y resalta la prohibición expresa de este mecanismo parlamentario en siete comunidades. Sólo el País Vasco, Cataluña y Galicia tienen ese derecho, adquirido en "leyes aprobadas en el desarrollo de sus estatutos".El pleno de la Asamblea tenía previsto debatir el pasado miércoles las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos Popular y Centrista al conflictivo proyecto de ley. Ambas formaciones, que alegaron la necesidad de evitar "trámites innecesarios", retiraron 48 horas antes del inicio de la sesión sus propuestas.

El proyecto de ley de disolución pasará ahora directamente a la Comisión de Presidencia de la Cámara, donde será dictaminado antes de su consideración definitiva por el pleno. PP y CDS anuncian su renuncia de plano el proyecto de ley del Gobierno de Leguina, que consideran inconstitucional. Dos diputados de Grupo Mixto, el ex popular José Luis Ortiz y el ex centrista Fernando Lanzaco, agregan sus sus votos negativos al proyecto.

Izquierda Unida asegura que apoyará la convocatoria de elecciones anticipadas, aunque con matices. Para sumar 48 votos Leguina cuenta de nuevo con el sí del diputado Nicolás Piñeiro.